El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció este mediodía que el Sector Público Nacional volvió a registrar números positivos en octubre y destacó que, aun en un mes atravesado por las elecciones legislativas de medio término, el Gobierno logró sostener el equilibrio fiscal “sin desvíos y con compromiso absoluto”.
A través de su cuenta de X, Caputo informó que en octubre hubo un superávit primario de $823.925 millones y un superávit financiero de $517.672 millones. Se trata, según explicó, de un salto notable respecto de octubre de 2023, cuando se había registrado un déficit financiero equivalente —en valores ajustados por inflación— a casi $1,75 billones.
El ministro destacó además que, entre enero y octubre, el superávit acumulado representa 1,4% del PBI en términos primarios y 0,5% del PBI en términos financieros, y subrayó que el gasto primario se redujo 1,3% interanual en términos reales. Dentro de ese recorte general, Caputo hizo hincapié en que algunos componentes sensibles, como las jubilaciones contributivas (+8,1% i.a.) y la Asignación Universal para Protección Social (+6,8% i.a.), registraron aumentos reales frente a octubre de 2024.
En materia de ingresos, el Gobierno aclaró que la comparación interanual está afectada por la eliminación del impuesto PAIS y por la finalización de los ingresos extraordinarios derivados del proceso de exteriorización de activos y del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales.
Caputo interpretó el resultado fiscal como una señal de estabilidad en un contexto político agitado: según escribió, la disciplina fiscal permitió “limitar el impacto sobre la población de la caída en la demanda de dinero generada por la volatilidad política y los intentos de parte de la oposición de romper el equilibrio fiscal en el Congreso”.
El contrapunto: reclamos desde el interior por la paralización de obras
Mientras el Gobierno nacional exhibe los números como un logro central del programa económico, varios gobernadores vienen cuestionando el camino elegido para alcanzar el superávit. Sostienen que el ajuste se apoya principalmente en la reducción de partidas destinadas a infraestructura, educación y programas sociales que ejecutan las provincias.
En los últimos días, dirigentes de distintos signos políticos insistieron en que la Nación frenó obras estratégicas —rutas, hospitales, viviendas y acueductos— que figuraban en el presupuesto anterior, pero quedaron suspendidas por la política de “déficit cero”. Según remarcan, ese freno no solo afecta el desarrollo regional sino que también golpea la actividad económica en distritos que dependen de la obra pública.
El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, se involucró en el debate y planteó que el reclamo provincial es legítimo. Señaló que los gobernadores “están pidiendo lo que les corresponde” y que la discusión sobre cómo se reparte el esfuerzo fiscal debe darse “sin ahogarlos financieramente”, especialmente en provincias donde la actividad privada no logra compensar el impacto del ajuste nacional.
La tensión entre la celebración del equilibrio fiscal y las exigencias de las provincias promete convertirse en uno de los principales debates políticos de las próximas semanas, en un momento en el que el Gobierno intenta consolidar sus señales de estabilidad hacia los mercados y, al mismo tiempo, contener la presión territorial por recursos y obras.
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