La muerte de Lourdes Antonini, una joven de 20 años y empleada del Ejército Argentino, dio un giro clave en la investigación judicial luego de que la fiscalía solicitara indagar al ex futbolista y empresario inmobiliario Damián Manusovich por el delito de homicidio culposo.
La tragedia ocurrió el 4 de diciembre pasado, cuando la joven caminaba por la calle Chivilcoy al 3600, en el barrio porteño de Villa Devoto, y un cartel publicitario perteneciente a una obra en construcción cayó sobre su cabeza, provocándole la muerte en el acto.
Según la autopsia, la pesada estructura de madera —una combinación de cubo publicitario y empalizada de obra— le provocó una hemorragia meningoencefálica fatal.
Una estructura “ilegal” según la fiscalía
La causa está a cargo del fiscal Andrés Madrea y del juez Darío Bonnano, quienes investigan las responsabilidades detrás de la instalación de la estructura que terminó provocando la tragedia. Para la fiscalía, el cartel estaba completamente fuera de la normativa vigente.
En un escrito de más de 40 páginas, el fiscal pidió las indagatorias de seis sospechosos vinculados a la empresa MMCV, la constructora responsable del proyecto inmobiliario en el lugar. Entre los primeros detenidos tras el hecho estuvieron un maestro mayor de obra y un licenciado en seguridad e higiene.
Sin embargo, en las últimas horas la investigación avanzó sobre los responsables empresariales del desarrollo. El primero en la lista es Damián Manusovich, ex futbolista con pasado en San Lorenzo y Vélez, hoy dedicado al negocio inmobiliario.
El rol del ex jugador en el proyecto
Según la investigación judicial, Manusovich ocupaba un lugar clave dentro del emprendimiento inmobiliario. El empresario fundó la desarrolladora MMCV en 2010 y aparece vinculado directamente al proyecto de la calle Chivilcoy, conocido como Seirén, promocionado como “un desarrollo premium de 23 unidades con diseño moderno y funcional”.
Actualmente el emprendimiento ya no figura entre los proyectos publicados por la empresa. De acuerdo con la fiscalía, Manusovich no solo participaba como desarrollador, sino que también estaba involucrado en la estructura de financiamiento del proyecto.
Según el expediente, figura como socio del Fideicomiso Inmobiliario Boulevard Chivilcoy, que controla el terreno donde ocurrió la tragedia, además de otros dos desarrollos en la misma calle.
Para el fiscal, su participación no era meramente formal. “Manusovich se ubica con la voz de mando o de gobierno real o de administración de las decisiones en la cúspide de la pirámide”, sostiene el pedido de indagatoria.
La pericia que complicó la causa
Dos pericias técnicas fueron claves para avanzar en la imputación, entre ellas la realizada por los bomberos de la Policía de la Ciudad.
El informe reveló que la estructura que sostenía el cartel era precaria y deficiente. Dentro del predio, los investigadores encontraron el panel publicitario que formaba parte del cartel que cayó sobre la víctima.
El análisis concluyó que las marquesinas estaban sostenidas por simples pilotes ubicados al borde de una excavación donde se realizaban movimientos de tierra con maquinaria pesada.
El informe técnico fue contundente. “Se trata de una estructura de sostén de marquesina publicitaria deficiente”, señala el peritaje.
Además, los especialistas detectaron graves fallas estructurales. “Se observa una falta de arriostramiento y ausencia de cruces tipo ‘San Andrés’, por lo que la estructura no tiene rigidez y es vulnerable a empujes como viento, golpes o vibraciones”, detalla el documento.
El informe también indicó que se utilizaron clavos en lugar de pernos o tornillos adecuados, lo que debilitaba aún más el sostén del cartel con el paso del tiempo. Otro punto clave de la investigación es que el cartel no solo cumplía funciones publicitarias, sino que también formaba parte de la empalizada perimetral de la obra.
Para la fiscalía, esa dualidad era clandestina y antirreglamentaria. “La estructura se desmoronó por su existencia irregular, ilegítima y antirreglamentaria, sin ningún permiso ni gestión adecuada, ni control propio o público en su creación, construcción o mantenimiento”, sostuvo el fiscal Madrea.
Y agregó: “Resultó ser un muy importante y singular cartel publicitario que también oficiaba y formaba parte integral de la empalizada perimetral de la obra en construcción”.
Una tragedia que pudo evitarse
Las pericias también determinaron que la estructura estaba instalada sobre un terreno debilitado por excavaciones, con un talud que no era el recomendado para ese tipo de trabajos.
Además, la falta de refuerzos estructurales hacía que el cartel fuera extremadamente vulnerable a vibraciones, golpes o viento. Una fuente clave de la investigación resumió el problema de forma contundente: “Les salía dos pesos hacerlo bien”.
Ahora, con las nuevas imputaciones, la Justicia busca determinar las responsabilidades empresariales detrás de la obra que terminó provocando la muerte de Lourdes Antonini, en un caso que expone posibles negligencias graves en la seguridad de un proyecto inmobiliario en plena vía pública.
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