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Tras el apartamiento de Ercolini, Rafecas será el nuevo juez de la causa contra Alberto Fernández por violencia de género

El juez federal Daniel Rafecas salió sorteado para intervenir en la causa en la que el expresidente Alberto Fernández está procesado por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez. El magistrado reemplazará a Julián Ercolini, quien fue apartado esta semana por la Cámara Federal de Casación Penal.

Fuentes judiciales confirmaron que la designación se realizó este miércoles, dos días después de que el tribunal de alzada hiciera lugar al pedido de la defensa del exmandatario y desplazara a Ercolini “para alejar cualquier temor de parcialidad“. Los abogados del Fernández, Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi, habían alegado que existía una enemistad entre ambos.

En esta línea, la defensa sostuvo que la relación entre Fernández y Ercolini se había deteriorado cuando el entonces presidente denunció al juez por un viaje a Lago Escondido junto a otros magistrados y fiscales. Pese a esa decisión, Casación convalidó el procesamiento del exjefe de Estado y todos los actos previos realizados por Ercolini.

Rafecas, por su parte, había sido propuesto por Fernández en 2019 para ocupar el cargo de procurador general de la Nación, pero su pliego nunca fue tratado en el Senado por la resistencia del kirchnerismo.

Ambos se conocen desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (FADU), un antecedente que podría motivar su eventual excusación o una recusación de las partes.

Mientras tanto, la causa se encuentra en etapa de elevación a juicio oral. El fiscal federal Ramiro González pidió cerrar la instrucción y avanzar hacia el debate, aunque la defensa presentó objeciones que aún están bajo análisis en la Cámara Federal. Rafecas, entonces, deberá resolver esos planteos y decidir si eleva el expediente.

Quien gobernó el país entre 2019 y 2023 está procesado por lesiones leves y graves agravadas, en ambos casos por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas. De confirmarse su responsabilidad, enfrenta una posible de pena de hasta 18 años de prisión.

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