Este miércoles, poco antes de las tres de la tarde en la Sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario, se resolvió la audiencia que había comenzado el día anterior y que tuvo como principal protagonista a Armando Traferri, eterno senador provincial del Departamento San Lorenzo. El legislador fue imputado como presunto organizador de una asociación ilícita, que habría tenido como finalidad encubrir el juego ilegal en Santa Fe, entre otros delitos por los cuales lo acusaron tres fiscales del MPA: José Luis Caterina, María de los Ángeles Granato y Marisol Fabbro.
La jueza a cargo de la audiencia fue Eleonora Verón, que en su resolución planteó la prohibición de acercamiento para Traferri durante seis meses a las personas nombradas en la causa judicial. El senador, que este miércoles pidió la palabra en sede judicial, habló durante poco más de quince minutos para cuestionar la investigación en su contra y denunciar que es víctima de una persecución política desde fines de 2018, fecha que coincide con la asunción de Marcelo Sain como director del Organismo de Investigaciones del MPA. “Un mes después, empiezan a circular los archivos del perfilamiento que me habían hecho. Me quisieron vincular con la banda de Alvarado y no sé cuántas cosas más. Edery y Schiappa Pietra tuvieron una maliciosa obsesión en mi contra”, dijo.
El senador planteó que en lo que sigue va a poder demostrar su inocencia. Y agregó: “Los fiscales mezclan todo. Las acusaciones están muy flojas. Me adjudican un poder que no tengo. Para ellos, pareciera que tuve más poder que el propio gobernador. Pretender que yo podía adjudicar un sistema de juego es como decir que un legislador pudiera adjudicar la obra de una autopista. A (Esteban) Alvarado le dijeron que le ofrecían un abreviado si me nombraba. No recibí plata de Peiti. Nunca pedí a Serjal, ni a Ponce Asahad que investiguen o que favorezcan a nadie”.
Luego en sus intervenciones, los dos abogados de Traferri en esta causa (Oscar Romera y Juan Murray) señalaron también que existen contradicciones en lo dicho por el ex fiscal Ponce Asahad y Leonardo Peiti, como imputados colaboradores de la justicia. Al resolver, la jueza Verón hizo alusión a estos planteos.
La calificación y los orígenes de la causa
De acuerdo a la calificación legal, la imputación a Traferri es como jefe de una asociación ilícita, organización y explotación de juegos de azar ilegales sin contar con la debida autorización legal, tráfico de influencias en relación con un ministro de Justicia y también tráfico agravado por hacer valer indebidamente su influencia ante un magistrado y un funcionario del MPA, negocio incompatible con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo y peculado.
Cabe recordar que la investigación contra el senador nace en 2020, cuando en la causa por el crimen en el Casino City Center los fiscales a los que aludió Traferri -Edery y Schiappa Pietra- detectan que había un empleado del MPA, Nelson Ugolini, que filtraba información a un empresario vinculado al juego ilegal, Leonardo Peiti.
Al investigar a Peiti, surgen evidencias para los fiscales de que el hombre tenía conexiones con el Poder Judicial, con la policía y también con la política. Y así llegaron al pedido de imputar a Traferri. La presencia del senador en sede judicial se demoró varios años, porque en primera instancia una mayoría de legisladores -a excepción de cuatro senadores ligados al entonces gobernador Omar Perotti- y después la Corte Suprema provincial, votaron por la interpretación de que los fueros garantizaban la inmunidad de proceso.
En 2023, con el cambio de conformación de la Cámara de Senadores provincial, fue el propio Traferri el que pidió una suspensión parcial de sus fueros para ir a una audiencia, haciendo la salvedad de que sí quedaría vigente su inmunidad de arresto y que la presencia en sede judicial sería solamente por esta investigación en la que presuntamente se lo vinculaba al juego ilegal. En el medio, Edery ya había sido acusado por otros fiscales de irrregularidades en otra causa judicial. Y Schiappa Pietra, a su vez, sería designado en otra área del MPA. Con un nuevo escenario y otros fiscales, por disposición de la Fiscal General María Cecilia Vranicich, la causa se retomó. Y así se llegó a la acusación de esta semana.
La resolución
A la hora de resolver, tras más de nueve horas de audiencia entre el martes y el miércoles, la jueza Verón sostuvo, aludiendo a los cuestionamientos de Traferri a los fiscales: “Yo no le puedo decir a la fiscalía cómo tiene que investigar, no es mi rol. Lo que tengo que hacer acá es garantizar que un imputado pueda prestar declaración en forma libre y que pueda conocer de qué se lo acusa. Yo no puedo desestimar una investigación. Si se hizo la audiencia delante mío fue porque se iba a pedir una medida cautelar, aunque ya sabríamos que usted no iba a quedar detenido”.
Verón fundamentó además el tiempo para la medida cautelar: “Yo soy muy fanática del plazo. Y entiendo que el Estado no puede tomarse dos años para llevar esta causa a juicio. Pero tiene que haber una proporcionalidad. Entonces, esas prohibiciones de contacto yo las voy a imponer por seis meses, un tiempo más que suficiente para que la Fiscalía avance”.
Al final de la audiencia, Caterina le dijo a Red Boing: “En un contexto como este, cualquier otra persona hubiera recibido de nuestra parte un pedido de prisión preventiva. Pero el senador sigue teniendo inmunidad de arresto. El plazo de seis meses que puso la jueza nos parece razonable, porque la causa está avanzada, para presentar la acusación”.
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