La discusión sobre la regulación de las aplicaciones de movilidad volvió a instalarse este jueves en el Concejo Municipal de Rosario y dejó en evidencia que el debate excede ampliamente a Uber, Didi y las plataformas digitales. En una reunión conjunta de las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno, funcionarios del Ejecutivo defendieron el proyecto de ordenanza que busca establecer nuevas reglas para la actividad, mientras los distintos bloques plantearon reparos y cuestionamientos.
La reunión estaba convocada para las 12.30, pero comenzó pasadas las 13. Mientras en el interior del Palacio Vasallo se desarrollaba el encuentro entre concejales y funcionarios municipales, en el exterior se hicieron sentir los trabajadores del sindicato de cadetes y repartidores, que manifestaron su rechazo y reclamaron ser incluidos en la discusión.
Lo que inicialmente aparecía como el tratamiento de una normativa específica terminó convirtiéndose en una discusión más amplia sobre el presente y el futuro del sistema de movilidad de Rosario.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que la utilización de aplicaciones para trasladarse es una realidad instalada y que el Estado debe decidir cómo intervenir frente a ese escenario. El jefe de Gabinete planteó que la discusión debe servir para definir cómo se mueve la ciudad y remarcó que la tecnología también alcanzó al transporte.
En esa línea, sostuvo que Rosario ya contó en 2023 con una regulación vinculada al despacho de viajes mediante aplicaciones y taxis y remises, pero que los cambios producidos desde entonces hacen necesario actualizar las reglas.
La presidenta de la comisión de Servicios Públicos, Anahí Schibelbein, explicó los principales puntos de la iniciativa. El proyecto contempla requisitos vinculados con los vehículos y conductores, establece que la tarifa mínima no podrá ser inferior al valor del boleto del transporte urbano de pasajeros y habilita la posibilidad de que taxis y remises puedan incorporar servicios vinculados al traslado de encomiendas.
El debate también retomó la evolución que tuvo la utilización de aplicaciones en Rosario. El presidente de la comisión de Gobierno, Fabrizio Fiatti, recordó la creación de MoviTaxi y la posterior incorporación de otras plataformas, además de la ordenanza aprobada en 2023.
Fiatti planteó que la discusión debe actualizarse a partir de los cambios producidos en la legislación nacional y de los distintos fallos judiciales que, según señaló, establecieron límites a la posibilidad de que los gobiernos locales obstaculicen el funcionamiento de las plataformas.
“Esto no arrancó hoy”, fue la idea que atravesó su exposición. Para el concejal oficialista, existe una evolución en la forma en que los rosarinos se movilizan y el debate regulatorio quedó postergado.
Una discusión que terminó en el transporte público
La oposición cuestionó tanto el contenido como la forma en que fue presentado el proyecto. Mariano Romero (Justicialismo) objetó que la iniciativa introduzca modificaciones sobre distintas ordenanzas y reclamó que sean escuchados todos los actores vinculados con la movilidad.
También advirtió que, tal como está planteada, la propuesta podría generar un deterioro del sistema y sostuvo que la discusión debe incluir las herramientas de control necesarias para garantizar el funcionamiento de la actividad.
En un tono más político, el concejal Salinas (Ciudad Futura) apuntó directamente contra la gestión municipal. Sostuvo que el problema no son las aplicaciones sino el “desgobierno” en materia de movilidad y consideró que la iniciativa podría profundizar la ruptura del sistema de transporte público.
El edil vinculó la discusión con el aumento del boleto y con la situación de taxis y colectivos. Según su mirada, el Ejecutivo estaría trasladando parte de su déficit de gestión al sistema de transporte.
“¿En qué sistema de transporte público regulamos Uber o Didi?”, cuestionó.
Desde el oficialismo respondieron que la situación del transporte público tampoco puede analizarse desconociendo el contexto nacional. La secretaria de Movilidad, Nerina, defendió el funcionamiento del sistema rosarino y sostuvo que la ciudad cuenta con uno de los mejores esquemas de transporte público del país.
La funcionaria señaló que la cantidad de pasajeros transportados en colectivos cayó entre un 35% y un 40% a nivel nacional, mientras que en Rosario la baja ronda el 20%. En ese escenario, destacó las medidas impulsadas por el municipio para sostener el sistema y anticipó la incorporación de unidades a GNC para renovar la flota.
El planteo del Ejecutivo fue claro: defender el transporte público, pero al mismo tiempo reconocer que existen nuevas formas de movilidad que ya son utilizadas por los ciudadanos.
La Libertad Avanza también marcó diferencias
Desde La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart recordó que su espacio viene reclamando desde hace tiempo que las aplicaciones sean incorporadas al sistema formal y que los conductores dejen de ser sancionados por utilizarlas.
Sin embargo, cuestionó el proyecto tal como fue presentado y anticipó que no lo acompañará en su actual redacción.
Entre los puntos que objetó mencionó la tarifa mínima, la exclusión de las motos y el esquema de tasas. También sostuvo que las aplicaciones deberían ser reguladas mediante una ordenanza propia y no a través de modificaciones sobre la normativa de 2023.
“Bienvenido el debate”, fue el espíritu de su planteo, aunque aclaró que el proyecto, tal como está, resulta invotable para su espacio.
Desde otro sector de la oposición, María Fernanda Gigliani reconoció que el uso de las aplicaciones ya está socialmente instalado, aunque planteó dudas sobre algunos aspectos jurídicos y regulatorios.
Entre los puntos que pidió revisar mencionó la posibilidad de que exista un doble seguro sobre un mismo vehículo y una misma persona, la antigüedad de los vehículos y el esquema tarifario.
Uno de los aspectos que quedó bajo discusión es justamente la tarifa: mientras el proyecto establece un piso vinculado al boleto del colectivo, algunos concejales plantearon interrogantes sobre la ausencia de un techo máximo.
Una realidad que ya está en las calles
Más allá de las diferencias políticas, hubo un punto difícil de desconocer durante la reunión: las aplicaciones ya forman parte de la movilidad cotidiana de Rosario.
El problema que aparece ahora es cómo encuadrar una actividad que creció por fuera de una regulación específica y que también modificó las formas tradicionales de trabajo.
Para muchos conductores, manejar para una aplicación representa una actividad complementaria: algunas horas al día, en determinados momentos, para generar un ingreso adicional frente a una economía que obliga a sumar fuentes de recursos. Esa modalidad flexible de trabajo convive con otras actividades y plantea nuevos interrogantes para el Estado.
El desafío, entonces, ya no parece ser solamente decidir si las aplicaciones deben existir o no. La discusión pasa por establecer bajo qué condiciones funcionarán, quién controlará la actividad, qué derechos tendrán los trabajadores, qué garantías tendrán los usuarios y cómo se integrará ese servicio al resto del sistema de movilidad.
En ese punto, las posiciones parecen todavía lejanas.
La reunión conjunta mostró que existe coincidencia en que la realidad cambió y que el Estado debe intervenir. Pero cuando llegó el momento de discutir cómo hacerlo, aparecieron las diferencias.
Y detrás de la discusión sobre Uber y Didi quedó expuesta una disputa mucho más grande: qué modelo de movilidad quiere Rosario y qué rol tendrá el Estado frente a las nuevas formas de transporte y trabajo.
Con las elecciones de 2027 cada vez más presentes en el horizonte político, el debate también funcionó como una muestra anticipada de las diferencias que atraviesan al Concejo. Por ahora, encontrar un punto común parece bastante más difícil que reconocer que el problema existe.
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