Estados Unidos y Argentina mantienen negociaciones avanzadas para firmar un acuerdo migratorio que permitiría a Washington deportar a inmigrantes de otros países hacia territorio argentino, desde donde luego podrían regresar a sus naciones de origen. La información fue revelada por The New York Times, que citó a dos fuentes con conocimiento directo de las tratativas y a documentos oficiales del gobierno estadounidense.
El posible acuerdo se inscribe en la estrategia de la administración de Donald Trump para acelerar las deportaciones masivas y reforzar el control migratorio. Según el diario neoyorquino, Argentina aceptaría el ingreso de personas detenidas poco después de cruzar ilegalmente la frontera estadounidense, quienes serían trasladadas a Buenos Aires como escala previa a su repatriación definitiva.
De acuerdo con la información publicada, el subsecretario de Política Exterior argentino, Juan Manuel Navarro, presentó a comienzos de este año una propuesta formal para avanzar con el entendimiento. En paralelo, los documentos indican que el canciller Pablo Quirno se habría comprometido ante las autoridades norteamericanas a firmar el acuerdo, aunque desde el Gobierno argentino evitaron confirmarlo.
Consultadas por el tema, fuentes de la Cancillería se limitaron a señalar: “No realizamos comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas”. Una respuesta similar llegó desde Washington, donde voceros del Departamento de Estado afirmaron: “No hacemos comentarios sobre los detalles de nuestras comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos”.
Sin embargo, desde Estados Unidos dejaron en claro la prioridad política detrás de las conversaciones. “La implementación de las políticas migratorias de la Administración Trump es una prioridad máxima para el Departamento de Estado. Como ha dicho el secretario Marco Rubio, seguimos firmes en nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”, señalaron fuentes oficiales citadas por el medio.
Los detalles operativos del acuerdo aún se encuentran en discusión. Según los registros del gobierno estadounidense a los que accedió The New York Times, la administración de Javier Milei expresó reparos internos ante la posibilidad de una reacción negativa de la opinión pública, así como por el impacto que podría tener la medida en un contexto de ajuste fiscal severo y falta de infraestructura para alojar y trasladar a los migrantes.
En caso de concretarse, Argentina se sumaría a una lista de países aliados de Washington que ya firmaron acuerdos similares. Paraguay, bajo el gobierno de Santiago Peña, suscribió en agosto un Acuerdo de Tercer País Seguro, que permite a solicitantes de asilo iniciar trámites desde ese país. “Esto permite compartir la carga que supone la gestión de la inmigración ilegal y poner fin al abuso del sistema de asilo”, sostuvo entonces la embajada estadounidense en Asunción. Ecuador, gobernado por Daniel Noboa, firmó un acuerdo comparable en julio de 2025.
Las negociaciones con la Casa Blanca se desarrollan mientras Estados Unidos despliega un operativo migratorio amplio y agresivo, que incluyó el envío de agentes a distintas ciudades y, según denuncias de organismos civiles, episodios con consecuencias fatales. En ese marco, los acuerdos con terceros países funcionan como una herramienta disuasoria para desalentar los cruces ilegales y facilitar la deportación de personas a países con los que Estados Unidos no tiene vínculos diplomáticos fluidos.
En la Argentina, el diálogo con Washington coincide con un endurecimiento del discurso oficial sobre migración. Bajo la presidencia de Milei, el Gobierno reforzó su retórica contra la inmigración irregular. Días atrás, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que su cartera alcanzó cifras récord de expulsiones, en línea con el nuevo enfoque del Ejecutivo.
Para sectores críticos, el posible acuerdo con Estados Unidos refleja un alineamiento automático con la agenda de Trump, sin una evaluación pública sobre los costos económicos, sociales y políticos que implicaría convertir a la Argentina en un país receptor de deportaciones. Para el oficialismo, en cambio, se trataría de un gesto de cooperación estratégica con un aliado clave.
Por ahora, el entendimiento permanece bajo reserva y sin confirmación oficial. Pero la revelación del New York Times instaló un debate sensible: qué rol está dispuesta a asumir la Argentina en la política migratoria regional y hasta dónde llegan los límites de una negociación que, de concretarse, podría tener impacto directo en la agenda interna y en la relación con Estados Unidos.
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