Este martes 9 se llevó a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal que sumó una imputación más para un peligroso narco, detenido en la cárcel de Ezeiza. Se trata de Francisco Riquelme, segunda línea de la banda de Esteban Alvarado, que creció en el mundo del hampa comandando grupos de tiratiros y administrando búnkeres en el barrio Ludueña, en la zona oeste de Rosario. A los hechos que ya tenía en su legajo le deberá sumar ahora la imputación que le hizo el fiscal Franco Carbone por haber mandado a balear la Comisaría 19 de Rosario. Aquel atentado ocurrió el 27 de diciembre en la madrugada, con siete disparos y una nota con amenazas que los tiratiros dejaron pintada en un cartón.
Aunque lo novedoso de la resolución judicial que se logró hoy es la decisión que adoptó la jueza Hebe Marcogliese, en sintonía con lo solicitado por Fiscalía, de restringir severamente las condiciones de detención del imputado. Esta misma mañana en diálogo con periodistas y en su cuenta de X, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había anticipado que se estudiaban medidas muy duras “contra quien había amenazado al gobernador Pullaro”, cerrando con el mensaje: “El que las hace, las paga”.
De acuerdo a la información que brindó el MPA, Carbone le atribuyó a Riquelme los delitos de Intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego, daño agravado y abuso de armas, todos ellos en concurso ideal y en calidad de instigador; amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso ideal con daños y abuso de armas, en calidad de coautor.
Además de la balacera a la seccional policial del 27 de diciembre, el fiscal Carbone encontró evidencia de que Riquelme había mandado a amenazar al gobernador Maximiliano Pullaro, esa misma tarde. Es decir, unas horas después de haber atacado una Comisaría en zona sudoeste de Rosario y dejar un mensaje referido al trato que recibían los presos de alto perfil, el mismo narco instigó un nuevo atentado que se pudo evitar gracias al accionar policial. El plan era balear la escuela Paulo VI en zona noroeste de la ciudad, pero por un hecho casi fortuito -la moto en la que iban los tiradores no tenía patente y pasó cerca de un retén en el que pedían documentación en zona noroeste- los encargados de balear no llegaron a destino.
Esa calurosa tarde y poco antes de fin de año, los policías persiguieron a los tiratiros por Génova y luego por Provincias Unidas. Finalmente, los atacantes fueron detenidos en un pasillo. Allí se le encontró a uno de los detenidos una nota en papel con la amenaza al gobernador y su familia. Al otro, un mensaje en su teléfono con el mismo texto que tenía el cartel amenazante y la dirección en Google Maps de la escuela que debían atacar.
Uno de aquellos dos detenidos era menor de edad, dato que no debe soslayarse porque se viene repitiendo en este tipo de atentados: en el crimen del policía Leoncio Bermúdez frente al Hospital Provincial del pasado 14 de noviembre, hubo dos menores que hicieron de campana. Y en el ataque con una bomba Molotov a un colectivo en la zona norte de Rosario, para dejar una amenaza al ministro de Seguridad provincial, también actuaron chicos de 14 y 15 años. “Las bandas se nutren de los más chicos que son no punibles. Estamos siguiendo este fenómeno”, advirtió Cococcioni preocupado tras el hecho.
Las medidas contra Riquelme
Volviendo a lo resuelto en la audiencia de este martes, la Fiscalía solicitó prisión preventiva efectiva para Riquelme y diversas restricciones para el cumplimiento de esa medida, articuladas en conjunto con el Director del Complejo Penitenciario Nro. 2 de Marcos Paz Gabriel Aquino, con el Director Principal de Seguridad del Servicio Penitenciario Federal Javier Walter Leviu, y el Dr. Julián Curi, Subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación. La Jueza Marcogliese hizo lugar al pedido y dispuso: restricciones de las comunicaciones telefónicas, que serán ahora sólo hacia personas autorizadas; visitas con blindex y organización de visitas con antelación.
1.- Modalidad de recepción de visitas: Que las visitas sean recibidas en los locutorios, es un sector de contacto individual que posee un blindex en el medio, no hay contacto directo de persona a persona pero si se pueden ver. Que esto sea implementado tanto con los abogados como con los visitantes del interno.
2.- Frecuencia de visitantes: Que se permita la visita solo de familiares directos debidamente acreditado el
vínculo y previamente autorizados por el interno y por la autoridad penitenciaria, con una frecuencia semanal de dos horas. En caso de tratarse de visitas residentes fuera de la jurisdicción de la ciudad de alojamiento, se deberá contemplar un lapso mayor de duración de la visita, teniendo en cuenta que el visitante debe desplazarse a otra ciudad, Respecto a las visitas íntimas que las mismas sean tramitadas por ante el Juzgado con competencia en Marcos Paz o juez de la jurisdicción en que se asienta la Unidad penitenciaria, y que una vez que las mismas hayan sido autorizadas no se frustre su concreción.
3.- Periodicidad en los procedimientos de requisa: se sugiere como mínimo dos veces por semana en el sector donde se alojara este interno, ello sin perjuicio de las facultades de propia competencia del Servicio penitenciario.
4.- Restricción de las comunicaciones telefónicas: Sistema de líneas blancas. Ya sea que los teléfonos asignados al pabellón donde habita el imputado sean de la empresa Movistar o sistema TPP, ambas son de modalidad bidireccional osea que se pueden emitir y recibir llamados. Se dispone que el interno sólo podrá realizar llamadas a números que el interno autorice, debiendo confeccionar previamente te un listado de líneas telefónicas y de las personas a las que pertenecen, que deberá ser autorizado por la autoridad penitenciaria, no pudiendo el interno realizar llamadas salientes a otras líneas telefónicas ni a personas no autorizadas.
Las áreas respectivas corroboran que dicha línea sea asignada a algún familiar registrado.
5.- Frecuencia y lugar de llamadas telefónicas: Se ubicará el teléfono fijo en un lugar que se encuentra monitoreado por cámaras de seguridad. Se le permitirá realizar llamadas una vez al día en los horarios en que el Servicio penitenitenciario habilite respecto del interno, salvo caso de urgencia qué tratarán especialmente.
La previa de los ataques
De acuerdo a lo presentado en audiencia por el fiscal Carbone, unos días antes del ataque a Riquelme no se le había permitido que ingrese una visita. Eso había pasado el 22 de diciembre y entonces el narco preso en Ezeiza reaccionó amenazando al personal del Servicio Penitenciario Federal.
El 27 a las 2.30am aproximadamente y siguiendo expresas instrucciones de Riquelme, “personas aún no identificadas que se movilizaban a bordo de un automóvil de color oscuro efectuaron al menos siete detonaciones en dirección a la Comisaría 19°, con una pistola calibre .380, impactando seis de ellos en el frente de la edificación y uno en el vidrio de un automóvil marca Toyota Corolla que se encontraba allí secuestrado. Luego del ataque dejaron una nota manuscrita”, describió el fiscal al imputar.
Carbone explicó, como es habitual en este tipo de hechos, que existió la clara finalidad “de infundir temor y conmoción pública, lo que se evidencia en la selección de un edificio policial como blanco del ataque, como así también en los medios materiales empleados para la concreción del ilícito”.
En la imputación, Carbone sumó también otra balacera y amenazas de Riquelme para una víctima y su grupo familiar, que habría estado basado en que el imputado había prestado una pistola al hermano de quien ahora era atacado. Ese otro hecho ocurrió el 15 de diciembre.
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