Una jueza federal de Manhattan dejó sin efecto la política migratoria de la administración de Donald Trump que había suspendido la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La medida había comenzado a aplicarse en enero y afectaba a personas que buscaban obtener la residencia permanente en Estados Unidos, entre ellas quienes pretendían reunirse con familiares o aceptar trabajos en el país.
La resolución fue dictada este viernes por Jeannette Vargas, magistrada del Tribunal Federal de Distrito de Manhattan. La jueza concluyó que la política era “contraria a la ley” y sostuvo que el secretario de Estado, Marco Rubio, había excedido la autoridad que le otorgaba la legislación estadounidense.
El Departamento de Estado había argumentado que la suspensión buscaba impedir el ingreso de personas que pudieran convertirse en una “carga pública”, es decir, inmigrantes que eventualmente dependieran de asistencia social o beneficios otorgados por el Gobierno estadounidense.
Sin embargo, Vargas cuestionó que esa evaluación pudiera hacerse de manera generalizada a partir del país de origen del solicitante. Según la normativa vigente, una persona puede ser considerada una posible carga pública únicamente después de que un funcionario consular analice de manera individual factores como sus recursos económicos, edad, estado de salud, capacidades y situación familiar.
La jueza señaló que las instrucciones enviadas por Rubio a las representaciones diplomáticas estadounidenses establecían, en los hechos, que las solicitudes debían ser rechazadas por el solo hecho de estar comprendidas dentro de la política. Incluso si un solicitante presentaba documentación adicional para demostrar que podía mantenerse económicamente, la decisión ya estaba predeterminada.
A partir del fallo, quedaron anuladas las denegaciones de visas que hubieran sido realizadas exclusivamente sobre la base de esta política. En cambio, las negativas sustentadas en otros fundamentos legales continúan vigentes, por lo que todavía no está claro cuántas decisiones concretas deberán ser revisadas o revertidas.
La política había generado especial preocupación entre ciudadanos estadounidenses que tenían familiares en alguno de los países afectados. Entre los demandantes del caso se encontraban seis estadounidenses que habían iniciado trámites para que familiares de Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía pudieran obtener sus visas.
También participaron del proceso cinco ciudadanos colombianos que habían solicitado visas laborales. Uno de ellos incluso había recibido una notificación en la que la denegación estaba vinculada directamente con la política cuestionada ante la Justicia.
La lista elaborada por el Gobierno estadounidense incluía países de distintas regiones del mundo, principalmente de África subsahariana, el Caribe, Medio Oriente, Asia Central, el Sudeste Asiático y los Balcanes. También alcanzaba a países que mantienen vínculos con Washington, como Jordania, Egipto y Georgia.
De acuerdo con la explicación oficial, el listado se había confeccionado utilizando datos del Consejo de Asesores Económicos y tomando como referencia los países donde más del 30% de los hogares inmigrantes recibían algún tipo de asistencia pública.
La suspensión no alcanzaba a todas las categorías de visas. La medida estaba dirigida a visas de inmigrante, utilizadas, entre otros casos, por personas que buscan establecerse permanentemente en Estados Unidos. Las visas de no inmigrante, como las destinadas a turistas o estudiantes, no estaban comprendidas en esta prohibición.
El fallo también estableció que la política no debía haber sido sometida a un proceso formal de consulta pública antes de su implementación. En este punto específico, Vargas coincidió con la administración Trump y consideró que la medida no correspondía al tipo de regulación que exige ese procedimiento.
Para defender la política, los abogados del Gobierno habían citado un fallo de la Corte Suprema de 2018 que había respaldado una de las versiones de las restricciones migratorias impulsadas por Trump durante su primer mandato.
La jueza consideró, sin embargo, que aquel antecedente no podía aplicarse directamente a este caso. Según explicó, aquella decisión estaba relacionada con la facultad presidencial para determinar quién podía ingresar a Estados Unidos, mientras que el conflicto actual se refiere a una cuestión diferente: la posibilidad de que el Gobierno niegue directamente la emisión de una visa.
Vargas fue designada durante la presidencia de Joe Biden y estableció el 11 de septiembre como fecha límite para que las partes presenten propuestas sobre cómo continuar con los aspectos que todavía permanecen abiertos en el expediente.
La administración Trump todavía tiene la posibilidad de apelar la decisión judicial, por lo que el conflicto podría continuar en instancias superiores. Mientras tanto, el fallo representa un nuevo revés para las políticas migratorias impulsadas por el actual Gobierno estadounidense.
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