
Marcelo Clayton Alves de Sousa y Naly Pires Dini, son una pareja de brasileños que está prófuga de la justicia federal argentina desde 2023. Vivían en medio de grandes lujos en el complejo Nordelta y lograron zafar a tiempo de los allanamientos con los que se los intentaba detenerlos, acusados de haber lavado dinero para el Comando Vermelho. Se trata de una poderosa organización narcocriminal brasileña que ayer fue noticia por el fuerte enfrentamiento a tiros con las fuerzas de seguridad en los morros de Río de Janeiro, en el denominado “Operativo Contención”, que sumó más de 2500 efectivos y terminó con más de 80 detenidos y más de 100 muertes, tras haber convertido los morros en zona de guerra durante varias horas.
En los cruces armados del martes, los narcos repelían la irrupción de las tropas federales con drones y armas largas. Y ahora, mientras el ejército y la policía intentan retomar el control de las favelas de Río con más penetración del Comando Vermelho, en Argentina los actores de la justicia federal siguen con atención el desenlace del operativo. Es que aquí se viene investigando al menos desde 2022 la ruta económica de la banda. Como está dicho, los fiscales de la PROCELAC intentaron detener a Alves de Sousa y Pires Dini en el marco de una causa llamada “Operación Crypto”, que detectó una red de empresas que servían como pantalla financiera para blanquear dinero narco del CV.
Aunque no se dio con los líderes, en aquellos allanamientos sí se logró dar con varios integrantes de la pata financiera local del grupo narco brasileño. Y hace dos semanas, la “Operación Crypto” logró ocho condenas. Todos ciudadanos brasileños que firmaron juicios abreviados, aceptando ante la justicia argentina su participación en la trama. La compleja investigación había encontrado que en la cabeza de la red de lavado que el Comando Vermelho había conformado en la Argentina, además del citado Alves de Sousa había un ciudadano chino, Hang Wang, también prófugo.

Pese a la ostentación de autos caros y otros lujos, al haberse radicado en la zona más cara de Nordelta, la pareja de Alves de Sousa y su mujer había pasado desapercibida. Hasta el día en el que los fue a buscar la justicia federal, los vecinos no habían sospechado de la vinculación de su fortuna con el narcotráfico. Lo que hacían, según la información de la PROCELAC argentina, era convertir el cash del Comando Vermelho en criptoactivos, constituir empresas que servían de fachada y comprar bienes registrables -propiedades y vehículos de alta gama- para darle apariencia lícita a los fondos de origen ilegal.
Inicialmente, la causa tramitó ante la jurisdicción federal de San Isidro, con intervención del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 y de la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Fernando Domínguez. Posteriormente, el TOF N°2 de San Martín declinó la competencia en favor de la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando a cargo el TOF N°7. En la etapa de instrucción, interviene el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº11, el fiscal federal Gerardo Pollicita, ante quien se encuentra pendiente la resolución de un pedido de decomiso anticipado sobre tres inmuebles, tres rodados de alta gama y sumas millonarias diversificadas en activos virtuales, atribuidos como bienes de los prófugos Alves de Sousa y Wang.

Las penas y los condenados
De acuerdo a la información publicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), la firma de los abreviados para quienes lavaban dinero del Comando Vermelho implicó el reconocimiento de responsabilidad en los hechos imputados y la aplicación de una pena de tres años de prisión en suspenso para Felipe Gabriel Correia Goncalves, Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira, Thiago Cardoso De Oliveira, Selma De Lima Muñiz Barbosa, Ma Hai, Katherine Yola Chasqui Inta y Juan David Babilonia Mora.
Las multas impuestas ascienden en conjunto a 2.460 millones de pesos, aplicadas de manera proporcional, según el grado de participación de cada condenado. Los montos individuales oscilaron entre 40 millones y 720 millones de pesos. El tribunal también ordenó el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente, entre los cuales se incluyen más de 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales y 4.500 euros, además de una flota de cinco vehículos de alta gama valuada en más de 130 millones de pesos. Entre ellos, se destacan un BMW Serie 330i, una Ford Ranger, un Volkswagen Vento, un Ford Focus y un Renault Fluence.
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