El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo judicial que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas estudiantiles y garantizar fondos para investigación. La decisión fue tomada tras la resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que confirmó la vigencia de la norma sancionada en 2025.
Según fuentes oficiales, los equipos jurídicos del Ejecutivo ya trabajan en la estrategia para avanzar con un recurso extraordinario federal ante la misma Cámara, con la expectativa de que sea rechazado para luego presentar una queja ante la Corte Suprema.
Mientras tanto, desde la Casa Rosada aseguran que cumplirán con la ley, pero de forma gradual. La idea es aplicar el esquema “por goteo”, es decir, mediante transferencias mensuales, evitando incorporar de inmediato todo el impacto en el presupuesto anual.
El conflicto se centra en los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que obligan al Ejecutivo a actualizar los salarios universitarios desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma en un porcentaje no menor a la inflación acumulada, además de recomponer las becas según el IPC y sostener partidas destinadas a investigación.
En el oficialismo reconocen que el principal problema es el impacto fiscal de la aplicación plena de la ley. Por eso, buscan cumplir con las exigencias judiciales sin que esto implique una ampliación permanente del gasto público.
Este conflicto tiene antecedentes recientes. Cuando el Gobierno promulgó la ley en octubre de 2025, simultáneamente dictó el decreto 759/2025, con el que intentó frenar su implementación argumentando la necesidad de definir previamente las fuentes de financiamiento. Ese planteo fue ahora rechazado por la Justicia.
En paralelo, el Ejecutivo ya trabaja en una salida política a mediano plazo: impulsar un nuevo proyecto en el Congreso para modificar la normativa vigente. La intención no es derogarla, sino reemplazar el esquema de actualización automática por uno más acotado y controlado.
En ese sentido, en Balcarce 50 toman como referencia el antecedente de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que terminó siendo reglamentada por decreto tras semanas de tensión judicial y política. No descartan aplicar una estrategia similar en el caso universitario.
Desde el Gobierno insisten en que buscan cumplir con la ley, pero bajo una lógica de administración del gasto. En esa línea, la postura oficial podría resumirse en una definición que atraviesa toda la estrategia: cumplir sin resignar el control fiscal.
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