Una mujer fue detenida en la provincia de San Luis acusada de protagonizar una presunta estafa inmobiliaria de gran magnitud, tras vender más de 50 terrenos que pertenecían al Estado como si fueran propios. La maniobra habría afectado a unas 30 familias de la ciudad de Villa Mercedes, que compraron los lotes creyendo que se trataba de una operación legal.
La detenida fue identificada como Maité Reina del Portugal Escudero, cuya captura se concretó este jueves luego de una investigación que se extendió durante diez días y en la que la Justicia reunió pruebas suficientes para avanzar con la causa.
El expediente está a cargo del fiscal Leandro Estrada, quien busca imputarla por estafa en concurso real, mientras se analiza si hubo otras personas involucradas en la maniobra.
Según la reconstrucción del caso realizada por medios locales, el fraude salió a la luz cuando topadoras del Gobierno provincial ingresaron al terreno para iniciar trabajos preparatorios, ya que en ese lugar se proyecta la construcción de unas 300 viviendas sociales. Sin embargo, al llegar al predio encontraron personas viviendo allí, lo que encendió las alarmas y derivó en una denuncia formal presentada por la Municipalidad el pasado 2 de marzo.
El terreno en cuestión abarca unas 12 manzanas y está ubicado al noreste de la ciudad, y había sido cedido al Estado provincial en noviembre del año pasado para desarrollar el plan habitacional.
De acuerdo con la acusación, Escudero vendió ilegalmente al menos 54 parcelas, cada una de aproximadamente 500 metros cuadrados, por unos 15 millones de pesos cada una.
La presunta maniobra habría comenzado cuando la mujer aseguró haber iniciado un trámite de “posesión veinteañal” sobre el terreno, una figura legal que permite adquirir la propiedad de un inmueble tras ocuparlo durante 20 años de manera continua.
Para darle apariencia de legalidad a la operación, llevaba a los compradores a una escribanía, donde les entregaba un croquis de los lotes y un documento de cesión de derechos posesorios. A partir de allí comenzaban las transferencias de dinero.
Cuando la situación se hizo pública, algunas de las familias ya habían entregado vehículos como parte de pago, mientras que otras incluso habían iniciado obras de construcción en los terrenos, que hoy se encuentran en medio de una disputa judicial.
El abogado de la Municipalidad, Mauro Sabattini, respaldó la decisión judicial de detener a la sospechosa y explicó que la medida busca garantizar el avance de la investigación. “Esto es precautorio para que no pueda entorpecer esta investigación que está llevando el fiscal”, sostuvo el letrado.
Luego agregó: “Ojalá que se pueda esclarecer, que se pueda determinar quién ha sido el responsable, que se puede echar luz a la causa y demostrar que tanto el municipio como la Provincia han actuado siempre conforme la ley, y con todos los procedimientos que deben respetarse”.
Sabattini también aseguró que desde el municipio habían advertido en varias ocasiones sobre la importancia de asesorarse antes de comprar una propiedad, algo que —según explicó— no ocurrió en este caso.
“Desde el Municipio, en reiteradas ocasiones, no solo en conferencias de prensa sino en comunicados, decimos que ante la compra de un inmueble, mínimamente se asesoren con su abogado de confianza, su escribano, su martillero y con la Municipalidad. Nosotros no hemos recibido consultas de parte de los vecinos de manera previa a la compra”, señaló.
Mientras tanto, las obras preparatorias del desarrollo habitacional continúan en el predio, donde ya trabajan máquinas del Gobierno provincial.
En paralelo, los vecinos afectados aseguran que al menos 33 personas fueron víctimas de la presunta estafa. En diálogo con FM Latina 103.9, explicaron que compraron los terrenos convencidos de que la documentación era válida.
“Hemos querido ponernos de acuerdo para poder luchar por un pedazo de tierra que nosotros adquirimos con muchísimas firmas de gente reconocida de acá de nuestra Villa Mercedes, que mostró expedientes, que mostró aperturas de calle, nos mostró que otras familias tenían agua y luz”, relataron.
Los compradores también afirmaron que no existía ninguna señalización que indicara que esas tierras pertenecían al Estado.
“No había ningún cartel que dijera que estas tierras habían sido cedidas al gobierno”, concluyeron.
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