La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el envío a la Asamblea Nacional de una ley de amnistía general que abarcará a todos los presos y perseguidos políticos desde 1999 hasta la actualidad, además del cierre definitivo de El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos del chavismo. El anuncio se realizó en Caracas, durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y generó un inmediato impacto político tanto dentro como fuera del país.
La iniciativa fue presentada pocas semanas después de la captura del ex presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y se da en un contexto de fuerte presión internacional y expectativas sobre el rumbo institucional del país. Rodríguez pidió un tratamiento urgente del proyecto legislativo y aseguró que la medida busca “reparar las heridas” de más de dos décadas de confrontación política, mientras la oposición observa con desconfianza el alcance real de la propuesta.
Durante su discurso ante el TSJ, la mandataria interina confirmó que la ley de amnistía cubrirá “todo el período de violencia política, desde 1999 hasta el presente”, e instruyó a las comisiones oficiales a presentar el texto ante la Asamblea Nacional en carácter de urgencia. “Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que sirva para reencauzar la justicia y la convivencia entre los venezolanos”, afirmó Rodríguez, al tiempo que solicitó “la máxima colaboración” del Poder Legislativo.
La presidenta encargada remarcó que la iniciativa fue discutida en el alto mando político del chavismo y sostuvo que cuenta con el aval del propio Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos. “Es una decisión que cuenta con las líneas que nos brindaron por si ocurría una situación calamitosa para nuestra patria, como en efecto ocurrió”, expresó, en referencia a la captura del ex mandatario.
Rodríguez también apeló a un mensaje de conciliación dirigido a la sociedad venezolana. “Pido a los venezolanos que no se impongan la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dando una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad, aun con diferencias, desde la diversidad y la pluralidad”, señaló. Sin embargo, aclaró que la amnistía no alcanzará a quienes estén procesados o condenados por homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones graves a los derechos humanos.
Uno de los anuncios más resonantes fue el cierre de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y señalado durante años por organizaciones humanitarias como un centro sistemático de torturas. “Hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide dejen de funcionar como centro de detención y se transformen en un espacio social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y las comunidades aledañas”, anunció Rodríguez, en una definición que fue seguida con atención por la comunidad internacional.
El anuncio se produce en medio de un proceso de liberaciones iniciado a comienzos de enero, aunque de manera fragmentada y sin criterios claros. Mientras el gobierno sostiene que más de 600 personas recuperaron la libertad, organizaciones como Foro Penal contabilizan 302 excarcelaciones efectivas y advierten que aún hay más de 700 presos políticos y más de 11.000 personas con restricciones arbitrarias de su libertad.
Además de los detenidos, la ley de amnistía podría beneficiar a dirigentes opositores perseguidos judicialmente o forzados a la clandestinidad o al exilio. Según lo anunciado, la iniciativa también eliminaría causas penales abiertas sin pruebas, una situación que afecta a referentes políticos y sociales que hoy no pueden ejercer actividad pública dentro del país.
La reacción opositora fue inmediata, aunque marcada por la cautela. Algunos dirigentes cuestionan la legitimidad de la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, y advierten que aceptar la amnistía implicaría reconocer a un poder legislativo al que consideran ilegítimo. “Es una trampa, pero puede que no nos quede otra alternativa”, reconoció un ex diputado opositor que permanece en la clandestinidad.
Desde el exterior, la líder opositora María Corina Machado se pronunció tras el anuncio con un mensaje simbólico en redes sociales: “¡Abajo cadenas! ¡Libertad para Venezuela!”. La dirigente, actualmente fuera del país, viene reclamando desde hace años una amnistía amplia y la restitución de derechos civiles y políticos.
Organismos de derechos humanos, en tanto, reclamaron que la medida no sea presentada como un gesto de clemencia, sino como una reparación institucional. “Las personas detenidas lo fueron por ejercer derechos fundamentales. La amnistía debe ser una restitución plena de derechos y no una concesión discrecional del poder”, señalaron desde Provea.
Ahora, el foco está puesto en el tratamiento legislativo del proyecto y en el texto final de la ley, que aún no fue difundido. Mientras tanto, la promesa de una amnistía general y el cierre de El Helicoide marcan uno de los anuncios más significativos en Venezuela en décadas, aunque su impacto real dependerá de la implementación y del alcance efectivo de las medidas anunciadas.
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