La Justicia de Venezuela ordenó este viernes la libertad inmediata de 379 presos políticos, apenas un día después de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobara por unanimidad una histórica ley de amnistía que busca reconfigurar el escenario institucional tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero.
El anuncio fue realizado por el parlamentario Jorge Arreaza, encargado de verificar el proceso impulsado por el gobierno interino, quien precisó que “deben ser excarceladas entre la noche de hoy y la mañana de mañana”. La medida se produce en medio de una transición encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el mando tras haber sido vicepresidenta.
Según datos de la ONG Foro Penal, antes del anuncio permanecían encarcelados casi 650 presos políticos, pese a que la gestión interina ya había otorgado libertad condicional a 448 opositores luego de la incursión estadounidense que derivó en la captura de Maduro.
La nueva legislación concede amnistía por hechos o “faltas cometidas” durante distintos episodios de crisis política entre 2002 y 2025, incluyendo el golpe de Estado contra el fallecido Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de 2002-2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.
Sin embargo, la norma excluye delitos graves, como violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y corrupción, así como a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía e integridad territorial del país.
El artículo 7 establece que los beneficiarios deberán presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía, aunque quienes estén fuera del país podrán hacerlo mediante un representante legal. El artículo 11 dispone que el tribunal competente deberá verificar cada caso y decretar la nulidad de los procesos en curso o revisar sentencias firmes mediante una “sentencia de reemplazo” en un plazo que no excederá los 15 días continuos.
Además, la ley determina que quienes cometan delitos después de su entrada en vigencia serán procesados con normalidad conforme a la legislación vigente.
Tras la aprobación parlamentaria, Rodríguez pidió al Parlamento, al programa de diálogo político y a la comisión para la reforma judicial que actúen con “máxima celeridad” en la implementación. Desde el Palacio de Miraflores, donde recibió a la comisión especial conformada por 23 diputados —entre opositores y chavistas— y en presencia del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la mandataria firmó la ley para su publicación en la Gaceta Oficial.
Rodríguez calificó la promulgación como “un acto de grandeza” y sostuvo que el proceso de transición implica reconciliación: “hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”. También convocó a la sociedad a acompañar el proceso: “Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental como una de las grandes virtudes de nuestra república, que debe ser la justicia”.
En la misma línea, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, expresó en un comunicado que la ley “debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación”.
Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, enfatizó el carácter de la medida: “Para que quede claro (…) amnistía es un perdón a cierto tipo de delito”, y agregó: “Que nadie entienda que estamos aquí amparando la impunidad. No, es un perdón que está decidiendo el país político de Venezuela, a instancia y solicitud de la presidenta encargada”.
Entre los primeros beneficiados se encuentra el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de la Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, quien recuperó la libertad durante la madrugada.
“Quiero confirmar que ya estoy en libertad plena”, escribió en sus redes sociales. No obstante, cuestionó el alcance de la normativa al afirmar que “no es ninguna amnistía” sino un documento que pretende “chantajear a muchos venezolanos inocentes”. Además, denunció que “los centros de tortura en Venezuela siguen abiertos, cientos de venezolanos siguen en el exilio, las leyes que usan para reprimir siguen vigentes y hay decenas de oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional que siguen presos por alzar la voz frente al saqueo de nuestra patria”.
Aunque la liberación de 379 detenidos representa un paso significativo en el proceso de transición, expertos advierten que cientos de casos —especialmente militares acusados de actividades calificadas como terroristas— podrían quedar fuera del beneficio, lo que mantiene abierto el debate sobre el alcance real de la amnistía y su impacto en la estabilidad política del país.
Comentarios