La presión social por la liberación de los presos políticos en Venezuela volvió a intensificarse este viernes, cuando más de 80 familias cumplieron una nueva noche de vigilia frente al penal El Rodeo I, en el estado Miranda, cercano a Caracas. A más de dos semanas del anuncio oficial de excarcelaciones, los familiares aseguran no contar con información clara sobre cuántas personas recuperaron efectivamente la libertad ni bajo qué condiciones.
Quiénes reclaman son familiares directos de detenidos por razones políticas que la liberación plena e incondicional de todos los presos en El Rodeo I y centros de detención como El Helicoide hace más de 15 días de manera ininterrumpida. Los motivos de la protestas se basan en la opacidad del proceso y el incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno interino.
“Hoy llevamos más de 15 días en vigilia constante con distintas familias. Hemos manejado un número entre 80 y 90 familias a las afueras de El Rodeo I”, explicó Aurora Silva, esposa del activista Freddy Superlano. La mujer advirtió que los allegados continúan sin datos precisos: “No tenemos información real ni una cifra certera sobre la cantidad de presos políticos excarcelados”.
Durante las jornadas de protesta, los familiares encendieron velas y escribieron en el suelo los nombres de los detenidos, en actos de oración y reclamo pacífico. En paralelo, distintas organizaciones de derechos humanos se sumaron al pedido de transparencia y reclamaron la publicación de listas oficiales que detallen quiénes fueron liberados y bajo qué régimen.
“Estamos exigiendo transparencia, las cifras reales y que nos muestren las listas de las excarcelaciones. También pedimos que sean liberaciones plenas e incondicionales”, sostuvo Silva, quien además alertó que algunos de los excarcelados recibieron medidas cautelares, lo que limita su libertad.
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) ratificó en su cuenta de X que los familiares “no abandonarán las puertas de los penales ni cesarán en sus oraciones” hasta que “el último” de los detenidos políticos regrese a su casa. El colectivo informó además que se replicaron manifestaciones similares frente a El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y en otros puntos del país.
En medio de las críticas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que 626 personas han sido excarceladas hasta el momento y anunció que solicitará a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas la verificación de la lista de liberados. Sin embargo, las cifras oficiales contrastan con los datos de organizaciones independientes.
Según la ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática, entre 156 y 170 personas fueron liberadas desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un “número importante” de detenidos. De acuerdo con Foro Penal, en Venezuela permanecen privados de la libertad unos 780 presos políticos.
El malestar también se hizo visible frente a El Helicoide, un centro de detención denunciado por organismos internacionales como un espacio de torturas. Allí, familiares de detenidos expresaron su desesperación por la lentitud del proceso. “¡Que los liberen!”, reclamó Milagros López, hermana de Juan Iriarte, detenido desde hace 19 meses.
Adriana Abreu, esposa de Guillermo López —jefe de campaña de la dirigente opositora María Corina Machado en el estado de Trujillo—, relató el impacto personal de la detención: “Guillermo se ha perdido la vida de nuestro hijo, que tiene cuatro años. Al principio le decíamos que su papá estaba en una misión secreta”. Y agregó: “Hablan de números como si fueran un dígito más, y son vidas”.
Desde las ONG advierten que la demora en las excarcelaciones genera un fuerte desgaste emocional. “No han cumplido con las liberaciones. El proceso es lento, opaco y lleno de irregularidades”, denunció Diego Casanova, del Comité por la Liberación de los Presos Políticos. “Esto aumenta la ansiedad y la depresión en las familias y se convierte en una nueva forma de violencia de Estado”, concluyó.
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