La violencia de género y los ataques contra las diversidades sexuales volvieron a ocupar el centro de la discusión pública. Esta vez, a partir de una agresión colectiva contra mujeres trans en los Bosques de Palermo, en Buenos Aires, que no solo dejó víctimas con lesiones, sino que expuso una dimensión particularmente preocupante: los atacantes filmaron las agresiones, las difundieron en redes sociales y acompañaron las imágenes con mensajes de burla y expresiones transfóbicas.
El episodio ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes 2 de noviembre. Según las reconstrucciones difundidas, entre 50 y 60 jóvenes participaron de las agresiones, en las que utilizaron palos, piedras, conos de tránsito y otros objetos para golpear a las mujeres. Al menos seis víctimas sufrieron lesiones y la Justicia porteña inició una investigación de oficio.
Lo sucedido no puede leerse solamente como un hecho policial aislado. La violencia física, los insultos y la exposición de las víctimas como parte de un espectáculo en las redes sociales abren interrogantes sobre los niveles de discriminación y hostilidad que atraviesan las personas trans y sobre el modo en que determinados discursos de intolerancia pueden encontrar expresiones concretas en la vida cotidiana.
La discusión adquiere otra dimensión cuando se la pone en relación con el funcionamiento de las políticas públicas. Mientras las organizaciones reclaman respuestas frente a las agresiones y mayores garantías de protección, en el Congreso nacional se cuestionó el presupuesto previsto para las políticas de género en 2027. Al mismo tiempo, en Santa Fe se debate una reforma legislativa que busca modificar los mecanismos de prevención, evaluación del riesgo y protección de las víctimas.
Tres escenarios distintos, pero conectados por una pregunta central: ¿qué capacidad tiene el Estado para anticiparse a las violencias, intervenir cuando ocurren y sostener políticas de protección?
El presupuesto nacional, en el centro de los cuestionamientos
El martes 3 de noviembre, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación realizó una reunión informativa para analizar las partidas destinadas a las políticas de género dentro del proyecto de Presupuesto 2027. El encuentro, encabezado por la diputada Gabriela Estévez y con la participación del santafesino Esteban Paulón como autoridad de la reunión, reunió a especialistas, organizaciones y referentes sociales que cuestionaron la reducción de los recursos previstos.
Uno de los datos más contundentes fue presentado por Agustina Rossi, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), quien advirtió que entre 2023 y 2027 los fondos destinados a políticas de abordaje de las violencias se redujeron un 89% en términos reales, de acuerdo con el análisis de la organización.
La exposición también puso el foco en la ejecución presupuestaria. Rossi señaló que el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) registraba un 0% de ejecución en 2026 y cuestionó las dificultades para acceder a información sobre determinadas partidas vinculadas con la asistencia y el acceso a la Justicia.
Violencia de género: piden acercar la Justicia a los barrios
El planteo de las organizaciones apunta a una cuestión que excede la discusión contable: la distancia entre la existencia formal de programas y su capacidad efectiva para llegar a quienes necesitan asistencia. Sin recursos suficientes, equipos profesionales, dispositivos territoriales y mecanismos de acompañamiento, las políticas de prevención corren el riesgo de quedar reducidas a declaraciones de principios.
En ese mismo encuentro, Paulón repudió el ataque a las mujeres trans en Palermo y sostuvo que no se puede naturalizar el odio ni la violencia. La coincidencia entre el reclamo presupuestario y la denuncia por las agresiones puso en evidencia la tensión entre las demandas sociales de protección y la disponibilidad de herramientas estatales para responder.
Santa Fe busca cambiar la forma de intervenir frente a la violencia
En este escenario, Santa Fe también atraviesa una discusión legislativa sobre las herramientas disponibles para prevenir y abordar la violencia de género. La Cámara de Diputados provincial deberá tratar un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ya obtuvo media sanción en el Senado, el 22 de octubre, y que tiene pedido de preferencia para el 19 de noviembre.
La iniciativa, denominada Prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género, propone un cambio en la lógica de intervención estatal: pasar de una respuesta centrada en la denuncia y las medidas judiciales posteriores a un sistema que permita identificar señales de peligro, evaluar situaciones de riesgo y coordinar las actuaciones de los distintos organismos.
El texto, que contiene 89 artículos, contempla la creación de un Sistema Provincial de Gestión del Riesgo y un Registro Digital Único de Denuncias y Medidas de Protección. La intención es integrar información que actualmente puede encontrarse dispersa entre juzgados, fuerzas de seguridad y organismos de asistencia.
Entre sus principales herramientas establece cuatro niveles de riesgo —bajo, medio, alto y crítico— y prevé actualizar las evaluaciones ante nuevos episodios o circunstancias. Para las situaciones de riesgo alto o crítico, incorpora como regla el monitoreo electrónico dual, con dispositivos que permitan controlar las restricciones de acercamiento y generar alertas ante posibles incumplimientos.
También establece que cualquier juez que tome conocimiento de una situación urgente pueda disponer medidas de protección, aunque posteriormente deba remitir el expediente al juzgado competente. Otro aspecto relevante es que el control de esas medidas constituye una responsabilidad del Estado y no debe recaer sobre la persona que necesita protección.
La propuesta incluye, además, herramientas como la exclusión del agresor del hogar, la prohibición de contacto, el secuestro preventivo de armas y medidas frente a la violencia digital. También contempla un equipo interdisciplinario y un fondo para afrontar necesidades urgentes, como traslados, alojamiento temporal o cambios de cerraduras.
Sin embargo, el debate en Diputados no se limita al proyecto del Ejecutivo. Organizaciones feministas y transfeministas vienen participando de reuniones de la Comisión de Género de la Cámara baja y reclaman que se declare la emergencia provincial en materia de violencia de género.
Entre los espacios que impulsan esa discusión se encuentran Ni Una Menos Santa Fe, Mumalá Rosario, la Asamblea Transfeminista de Rosario, la colectiva Se Dice de Mí, de Esperanza, y Ni Una Menos, de Coronda. Las organizaciones también analizan iniciativas legislativas presentadas por distintas diputadas, algunas de las cuales proponen declarar la emergencia y otras hacen hincapié en la prevención.
Del discurso a las políticas concretas
El ataque en Palermo, los cuestionamientos al presupuesto nacional y la discusión legislativa en Santa Fe permiten observar distintas dimensiones de una problemática que no se resuelve únicamente con respuestas judiciales posteriores a una agresión.
Los discursos de odio no se traducen automáticamente en hechos de violencia, pero su circulación y legitimación pueden contribuir a generar escenarios de hostilidad y discriminación. Cuando las agresiones se convierten en contenido para las redes sociales, acompañadas de burlas y expresiones de desprecio, la violencia deja de ser solamente física: también busca humillar, exponer y disciplinar a quienes son identificados como diferentes.
Frente a ese escenario, la prevención requiere políticas sostenidas, educación, campañas de sensibilización, dispositivos de asistencia y mecanismos de protección que funcionen antes de que las situaciones lleguen a consecuencias irreparables.
La discusión presupuestaria nacional introduce otra variable: la capacidad real de sostener esas herramientas. Y el debate santafesino abre una oportunidad para revisar cómo actúan las instituciones, qué información comparten y qué responsabilidades asume cada organismo cuando una persona se encuentra en peligro.
La distancia entre una ley aprobada, un programa anunciado y una política pública efectiva está determinada, en buena medida, por los recursos disponibles, la coordinación institucional y la capacidad de llegar a tiempo.
En definitiva, el desafío no pasa solamente por condenar las agresiones cuando toman estado público. También implica construir respuestas para evitar que ocurran, garantizar protección a quienes están expuestos a situaciones de violencia y sostener una política estatal que no dependa de la repercusión mediática de cada caso. Porque cuando la violencia se vuelve noticia, muchas veces el daño ya está hecho.
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