La fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, reveló en la Legislatura un dato clave sobre el caso de San Cristóbal: en un primer momento se creyó que el atacante llevaba una remera de una banda de rock, pero fue la División Antiterrorista de la Policía Federal Argentina la que identificó que la imagen estaba vinculada a la masacre de Columbine, un detalle que encendió las alarmas en la investigación.
En ese contexto, la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, presentó este jueves en la Legislatura santafesina el balance de gestión correspondiente a 2025, un año que definió como “histórico” para el organismo por la consolidación de su autonomía y por el despliegue de nuevas estrategias contra el delito complejo. Al finalizar su disertación, en diálogo con la prensa, se refirió al crimen en San Cristóbal de la semana pasada: “Esto nos interpela como adultos, más allá de ser fiscales, jueces o docentes. Tenemos que discutir lo que está pasando con los adolescentes, la tecnología a la que tienen acceso, la violencia que aparece en algunos hechos que ellos protagonizan. Este fue el más grave, pero entendamos que acá hay una motivación difícil de entender, porque hay espacios donde ellos se encuentran que no conocemos. Pasó con esta red TCC, que descubrimos gracias a la colaboración de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal”, señaló.
Antes, en la presentación con legisladores provinciales, había repasado un informe con más de 200 páginas, que tuvo como foco la disminución de los homicidios en la provincia durante el útimo año.En 2025 se registraron 115 víctimas en el departamento Rosario y 52 en La Capital, cifras que, si bien muestran un leve repunte respecto de 2024, se mantienen muy por debajo de los niveles del período 2014-2023. Además, las tasas en ambos territorios se ubicaron por debajo de los 10 casos cada 100.000 habitantes, un indicador que sólo se había logrado el año anterior en más de una década.
El informe también tuvo uno de sus ejes en el contexto de estos crímenes: la fiscalía señala la fuerte incidencia de las economías ilegales —principalmente el narcotráfico— en la dinámica de la violencia en Rosario, con un uso predominante de armas de fuego.
En esa línea, el MPA destacó el avance en la persecución del microtráfico, una competencia asumida recientemente. Durante 2025 se registraron 15.003 ingresos vinculados a este delito en toda la provincia y se lograron más de 350 condenas bajo el nuevo marco legal. Además, se concretaron 63 intervenciones de derribo de puntos de venta de droga, en coordinación con fuerzas provinciales y federales.
Otro tema que destacó Vranicich fue el trabajo territorial en barrios críticos. Según el informe, en zonas intervenidas como San Lorenzo, en la ciudad de Santa Fe, las acciones multiagenciales permitieron reducir en un 72% los índices de violencia altamente lesiva.
En materia de otras muertes violentas, la Fiscal General planteó que durante 2025 se registraron 296 ingresos por homicidios culposos —principalmente siniestros viales— y apenas 7 condenas en juicios orales por estos casos.
También se avanzó en la construcción de estadísticas más precisas sobre suicidios, con una estimación de 448 casos en la provincia tras el cruce de distintas bases de datos.
El balance incluyó además un fuerte capítulo institucional. Vranicich remarcó que la reforma de la Constitución provincial en 2025 consagró al MPA como un órgano autónomo, con independencia funcional y autarquía financiera, lo que consideró un paso clave para fortalecer la persecución penal.
En paralelo, el organismo debió afrontar la implementación del nuevo sistema penal juvenil, que trasladó al MPA la investigación de delitos cometidos por adolescentes de 16 a 18 años, lo que implicó reorganizar estructuras, capacitar personal y reasignar recursos.
Sin embargo, el informe advierte sobre un problema estructural: la falta de recursos humanos. Actualmente, el MPA cuenta con 490 empleados —13,82 cada 100.000 habitantes—, muy por debajo de otras jurisdicciones como Buenos Aires o Mendoza.
En ese sentido, la fiscal general planteó la necesidad de ampliar la planta de personal para sostener la capacidad operativa frente al crecimiento y la complejidad de las investigaciones.
Con estos datos, el balance de gestión expone un escenario con avances en la reducción de la violencia letal y en la persecución del narcocrimen, pero también con desafíos estructurales que condicionan el funcionamiento del sistema penal en la provincia.
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