El fallo que anuló la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF en tribunales de Estados Unidos marca un punto de inflexión en un litigio que se arrastra desde hace más de una década y cuyo origen se remonta a la privatización de la compañía en los años 90.
En 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, se definió el estatuto de la empresa al momento de su privatización. Allí se incorporó una cláusula clave: cualquier actor que adquiriera el control mayoritario (más del 51%) debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para comprar las acciones del resto de los socios, protegiendo así a los accionistas minoritarios.
Ese punto sería central años más tarde. En abril de 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso sancionó la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública el 51% de YPF y avanzó con su expropiación, quitándole el control a la empresa española Repsol.
La defensa argentina, encabezada en ese momento por el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof, sostuvo que la ley de expropiación, por ser de orden público, estaba por encima de cualquier cláusula del estatuto privado de la compañía. En consecuencia, no se realizó la OPA a los accionistas minoritarios.
Ese fue el origen del conflicto judicial. En 2015, el fondo Burford Capital compró los derechos de litigio de las empresas del Grupo Petersen —que habían adquirido el 25% de YPF y luego quebraron— e inició una demanda contra el Estado argentino en Nueva York, junto con Eton Park.
Los demandantes argumentaron que el país actuó como un actor privado y no cumplió con las reglas establecidas en el propio estatuto de la empresa, lo que derivó en un incumplimiento contractual.
Tras años de disputas sobre la jurisdicción del caso, en marzo de 2023 la jueza Loretta Preska falló en contra de la Argentina y la condenó a pagar más de 16.000 millones de dólares. La magistrada responsabilizó exclusivamente al Estado nacional y eximió a YPF de cualquier obligación.
Luego del fallo, se abrió un proceso de “discovery” para identificar activos argentinos en el exterior que pudieran ser embargados. Sin embargo, la Argentina apeló la decisión ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, cuestionando tanto la interpretación del derecho como la vulneración de la inmunidad soberana.
En marzo de 2026, ese mismo tribunal dio un giro clave: revocó la sentencia principal, confirmó la desestimación de los reclamos contra YPF y ordenó revisar el proceso judicial, dejando sin efecto la millonaria condena.
Cronología del caso YPF:
- 1993: Privatización de YPF e inclusión de la cláusula OPA.
- 2008-2011: El Grupo Petersen adquiere el 25% de la empresa.
- 2012: Nacionalización del 51% de YPF.
- 2015: Burford Capital inicia la demanda en Nueva York.
- 2023: Fallo de primera instancia condena a Argentina por USD 16.100 millones.
- 2026: La Corte de Apelaciones anula la sentencia y ordena revisar el caso.
El futuro del litigio aún no está cerrado, pero la decisión reciente representa un alivio para el país y reconfigura el escenario de una de las disputas judiciales más relevantes de la historia económica argentina.
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