La Masacre de Trelew ocurrió el 22 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, en la Base Aeronaval Almirante Zar, ubicada cerca de la ciudad de Trelew, Chubut. Allí fueron asesinados 16 de los 19 presos políticos que habían sido recapturados después de un intento de fuga del Penal de Rawson. Los tres sobrevivientes, María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar, fueron posteriormente víctimas de la represión de la última dictadura.
Los hechos comenzaron una semana antes. El 15 de agosto, alrededor de las 18.05, un grupo de detenidos pertenecientes al ERP, FAR y Montoneros puso en marcha un plan para escapar del Penal de Rawson. El objetivo inicial era liberar a unos 110 presos y trasladarlos en tres camiones, pero la operación tuvo problemas de coordinación y el apoyo externo se retiró al interpretar que la fuga había fracasado.
Solo seis dirigentes lograron llegar al aeropuerto de Trelew en un Ford Falcon. Allí tomaron un avión de Austral que había llegado desde Comodoro Rivadavia y partieron hacia Chile, gobernado entonces por Salvador Allende. Luego conseguirían continuar su viaje hacia Cuba.
Mientras tanto, 19 fugitivos que habían quedado atrás consiguieron llegar al aeropuerto en otros vehículos. Al encontrar que el avión ya había partido, tomaron la terminal y brindaron una conferencia de prensa. Finalmente, rodeados por efectivos de la Armada, decidieron entregarse después de recibir garantías públicas sobre sus vidas en presencia de periodistas, autoridades judiciales y otras personas que actuaron como garantes.
Los detenidos fueron trasladados a la Base Aeronaval Almirante Zar, pese a que habían solicitado regresar al Penal de Rawson. El capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, quien estaba a cargo del operativo, argumentó que el traslado sería transitorio debido a que continuaba el motín en la cárcel.
Sin embargo, durante la madrugada del 22 de agosto, aproximadamente a las 3.30, los 19 detenidos fueron sacados de sus celdas. Según los testimonios de los tres sobrevivientes, fueron obligados a formar y, mientras miraban hacia el piso, miembros de la Armada comenzaron a dispararles. Dieciséis murieron y tres quedaron gravemente heridos.
La versión oficial de la dictadura sostuvo que los presos habían intentado nuevamente escapar y que los marinos respondieron al fuego. La explicación fue cuestionada desde el comienzo por periodistas, familiares y sectores políticos. El gobierno de facto, además, sancionó ese mismo día la Ley 19.797, que prohibía la difusión de información sobre organizaciones guerrilleras.
Entre los asesinados se encontraban Alejandro Ulla, Alfredo Kohan, Ana María Villarreal, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Clarisa Lea Place, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Rubén Pedro Bonnet y Susana Lesgart.
Los tres sobrevivientes fueron Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar. Camps fue asesinado en 1977, mientras que Berger y Haidar permanecieron desaparecidos desde 1979 y 1982, respectivamente, durante la última dictadura militar.
La masacre generó una fuerte conmoción en todo el país. En octubre de 1972 se produjo el Trelewazo, una movilización popular que reclamó justicia por las víctimas y la liberación de detenidos. Con el paso de los años, la Masacre de Trelew fue considerada por numerosos investigadores como un antecedente fundamental del terrorismo de Estado que se profundizaría durante la dictadura iniciada en 1976.
Recién cuatro décadas después de los hechos llegó una condena judicial. El 15 de octubre de 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino a prisión perpetua por 16 homicidios y tres tentativas de homicidio. Además, declaró que los crímenes constituían delitos de lesa humanidad.
El tribunal absolvió inicialmente a Rubén Paccagnini y Jorge Bautista, aunque esas absoluciones fueron posteriormente anuladas. En marzo de 2014, la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó las condenas a perpetua contra Sosa, Del Real y Marandino y calificó los fusilamientos como delitos de lesa humanidad.
Uno de los principales acusados que permaneció fuera del alcance de la Justicia argentina fue Roberto Guillermo Bravo, quien se radicó en Estados Unidos después de la masacre. En 2022, familiares de las víctimas iniciaron allí una demanda civil contra el exmilitar.
El 2 de julio de 2022, un jurado estadounidense declaró responsable a Bravo y estableció una indemnización de más de 24 millones de dólares para los familiares de las víctimas. El proceso fue civil y, por lo tanto, no implicó una condena de prisión.
En 2014 se inauguró un monumento frente a la Base Almirante Zar para recordar a las víctimas. La estructura lleva las palabras “Justicia, Memoria, Verdad” y recuerda que en ese lugar se produjo la masacre y que la dependencia también fue utilizada como centro clandestino de detención durante la última dictadura.
A más de cinco décadas de aquella madrugada, la Masacre de Trelew permanece como uno de los episodios más emblemáticos de la violencia política y la represión estatal de la Argentina de los años 70, tanto por el asesinato de los 16 detenidos como por la historia posterior de sus tres sobrevivientes.
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