El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, vuelve a poner en primer plano una discusión que en Argentina ya no pasa solamente por la existencia de una ley, sino por las condiciones concretas para ejercerla.
La Ley 27.610, sancionada a fines de 2020, reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive y regula también las situaciones de interrupción legal. Cinco años después, distintos monitoreos realizados por organizaciones sociales y centros de estudio muestran un escenario heterogéneo: la práctica continúa realizándose en el sistema público, pero persisten problemas vinculados con la información, la disponibilidad de medicamentos, la anticoncepción y las desigualdades entre provincias.
En Santa Fe, un relevamiento realizado en hospitales y centros de salud del centro-norte provincial encontró un dato particularmente significativo: el 79,5% de las personas encuestadas desconoce a qué establecimiento puede acudir para acceder a un aborto legal de manera gratuita.
La cifra permite observar el problema desde el territorio y conecta con otra advertencia presente en informes nacionales: cuando disminuye la información pública y se interrumpe la provisión centralizada de insumos, el acceso puede depender cada vez más de la capacidad de respuesta de cada jurisdicción.
Santa Fe: el problema empieza por la información
El Monitoreo Social 2025, elaborado por MultiPalabras, alianza integrada por la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe y la Asociación Civil Palabras, relevó a cerca de 400 usuarias del sistema público en diez departamentos del centro-norte provincial.
El estudio, que dio continuidad a un monitoreo realizado en 2021, buscó conocer cómo funciona en la práctica el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.
Uno de sus principales resultados fue que el 79,5% de las mujeres encuestadas no sabía a qué centro de salud u hospital debía acudir para realizarse un aborto legal de manera gratuita.
La falta de información también aparece en los propios efectores: casi el 80% manifestó desconocer si en el establecimiento al que concurre habitualmente se brinda información sobre IVE o ILE.
El desconocimiento se extiende a la línea nacional de consulta. El 86,6% de las personas relevadas dijo no conocer la Línea Gratuita de Salud Sexual 0800-222-3444.
El monitoreo también detectó una baja presencia de materiales de difusión en las salas de espera y señaló dificultades para encontrar información sobre salud sexual, reproductiva y aborto.
Anticoncepción: un escenario diferente
La situación presenta algunos indicadores más favorables cuando se analiza el acceso a métodos anticonceptivos.
El 83,3% de las consultadas manifestó haber recibido asesoramiento sobre anticoncepción en su efector habitual y aproximadamente dos tercios de quienes utilizan métodos indicaron que los obtienen gratuitamente.
Sin embargo, el informe advierte que persisten diferencias según edad, nivel educativo y situación laboral.
Entre los métodos de larga duración, el implante subdérmico representa el 16,7% de las opciones mencionadas y el DIU alcanza el 6,4%. El estudio señala que el implante se concentra especialmente entre jóvenes y personas con menor nivel educativo, mientras que el DIU continúa teniendo una utilización reducida entre jóvenes y personas sin hijos.
También aparece una diferencia significativa vinculada con el empleo: el porcentaje de personas que no utilizan métodos anticonceptivos alcanza al 61% entre quienes están desocupadas, frente al 30,8% entre quienes tienen un trabajo remunerado.
El otro problema: las infecciones de transmisión sexual
El monitoreo santafesino amplía la discusión hacia la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS).
Solo alrededor de la mitad de las personas encuestadas mencionó el preservativo como una herramienta de prevención frente al VIH y otras ITS.
Entre quienes tienen entre 41 y 55 años, el 44% mencionó la confianza en la pareja como principal estrategia preventiva, frente al 27,7% que señaló el preservativo.
El testeo periódico también aparece como una práctica poco extendida: solamente el 9% manifestó realizarse análisis de manera habitual para detectar ITS.
A esto se suma que en el 47,3% de las salas de espera relevadas no había dispensers o cajas de preservativos disponibles.
El resultado muestra que la discusión sobre aborto no puede separarse de una política más amplia de salud sexual: prevención, anticoncepción, información y acceso al diagnóstico forman parte del mismo entramado.
Más de 87 mil interrupciones en el sistema público
El panorama nacional muestra que, pese a las dificultades denunciadas por distintas organizaciones, la práctica continúa sosteniéndose en el sistema público.
De acuerdo con el Reporte Anual 2025 de Proyecto Mirar, iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health, durante 2025 se registraron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el subsector público en 20 jurisdicciones relevadas mediante pedidos de acceso a la información.
La cifra fue similar a la del año anterior.
La mayor cantidad de prácticas se concentró en la Provincia de Buenos Aires, con 41.446, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con 9.458, y Córdoba, con 9.341.
El reporte también registró 1.846 efectores públicos que garantizaban la práctica. Según la jurisdicción, entre el 74% y el 92% de las interrupciones se realizaron durante las primeras 12 semanas de gestación y principalmente mediante medicamentos.
Cuando las provincias empiezan a cubrir el faltante
Uno de los cambios que destaca el informe de Proyecto Mirar es la respuesta de los gobiernos provinciales ante la discontinuidad de las compras centralizadas de insumos por parte de Nación.
Según el reporte, 13 provincias utilizaron recursos propios para sostener la prestación. Diez compraron misoprostol y/o mifepristona, seis adquirieron tratamientos combinados y dos invirtieron en equipamiento para realizar Aspiración Manual Endouterina (AMEU).
El dato muestra un fenómeno que atraviesa buena parte de las políticas sanitarias actuales: una prestación que cuenta con un marco legal nacional puede terminar dependiendo, en mayor medida, de las decisiones presupuestarias y administrativas de cada provincia.
Eso genera una pregunta central sobre la igualdad territorial: el lugar donde vive una persona puede determinar qué tan sencillo resulta acceder a un derecho reconocido por una ley nacional.
Anticonceptivos: el impacto que puede aparecer después
El problema no se limita a los medicamentos utilizados para abortar.
El reporte de Proyecto Mirar estima una fuerte caída del gasto nacional destinado al programa de Desarrollo de Salud Sexual y Procreación Responsable entre 2023 y 2026.
Según sus proyecciones, la cantidad de mujeres que recibirían métodos anticonceptivos financiados por el Estado nacional pasaría de más de 1,2 millones en 2024 a unas 63 mil en 2026, una reducción estimada del 93%.
El informe proyecta que esa disminución podría traducirse en 240 mil embarazos no intencionales adicionales y más de 112 mil abortos potencialmente evitables.
Se trata de una proyección del informe, no de un dato observado: busca estimar las consecuencias futuras de la reducción de cobertura anticonceptiva.
Amnistía: más consultas por obstáculos
Otra mirada surge del informe “El costo de la retirada: Barreras, endeudamiento y desigualdad en el acceso al aborto en Argentina”, elaborado por Amnistía Internacional Argentina y publicado en mayo de 2026.
La organización informó que durante 2025 recibió más de un 300% de aumento en consultas y denuncias sobre obstáculos para acceder al aborto respecto del año anterior.
Entre los problemas relevados aparecen dificultades para obtener medicamentos, falta de información, demoras y desigualdades territoriales.
Amnistía también documentó casos en los que personas debieron afrontar gastos de bolsillo para conseguir medicamentos que no estaban disponibles en el sistema público. La organización registró testimonios de usuarias que dijeron haber pagado entre $170.000 y $300.000 por tratamientos.
Estos montos corresponden a casos documentados por la organización y no constituyen un precio promedio nacional.
El impacto sobre adolescentes
La situación adquiere otra dimensión cuando se analiza el acceso entre adolescentes.
Según el informe de Amnistía, las consultas de personas de entre 14 y 19 años aumentaron un 306% durante 2025 respecto de 2024 y representaron el 17% del total de consultas recibidas por la organización.
El mismo relevamiento señala que ocho de cada diez adolescentes que consultaron desconocían dónde acudir para acceder a la prestación.
A esto se suma el desmantelamiento progresivo del Plan ENIA, destinado a prevenir embarazos no intencionales en la adolescencia, señalado por organizaciones de derechos humanos como uno de los retrocesos relevantes en materia de prevención.
El caso de Salta: cuando la falta de insumos cambia los tiempos
Una misión de Amnistía Internacional realizada en Salta durante 2026 encontró otro efecto de las dificultades de provisión.
Según el informe, la falta de medicamentos en centros de atención primaria trasladó parte de la demanda hacia hospitales de mayor complejidad.
La organización documentó casos de personas que iniciaron el proceso alrededor de la semana 7 de gestación y terminaron accediendo a la IVE cerca de la semana 13, debido a dificultades para conseguir turnos o medicamentos.
El caso funciona como ejemplo de cómo una barrera administrativa o de abastecimiento puede terminar modificando los tiempos de atención.
Un derecho que se sostiene en distintos niveles
Los distintos informes coinciden en un punto: la Ley 27.610 continúa vigente y las interrupciones se siguen realizando en el sistema público, pero el acceso no es uniforme.
Las provincias adquirieron un papel mayor en la compra de medicamentos y en la organización de los servicios. Los equipos de salud continúan sosteniendo buena parte de las prestaciones y las organizaciones de la sociedad civil funcionan, en muchos territorios, como espacios de información y acompañamiento.
Proyecto Mirar destaca, en este sentido, el papel de las jurisdicciones que utilizaron fondos propios para garantizar medicamentos y equipamiento.
La sociedad civil también mantiene una presencia activa. Según los datos recopilados por Amnistía, Socorristas en Red acompañó o brindó información a 9.011 personas durante 2025.
El escenario, entonces, no puede resumirse únicamente como avance o retroceso. Los datos muestran una combinación de continuidad de las prestaciones, respuesta provincial, dificultades de información, problemas de abastecimiento y desigualdades territoriales.
28S: una fecha para mirar qué ocurre después de la ley
El 28 de septiembre nació como jornada latinoamericana de lucha por la despenalización y legalización del aborto. La fecha fue establecida en 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en San Bernardo, Argentina.
Este #28S, Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal y Seguro, nos encontramos nuevamente en las calles, plazas y parques de todo el país 💚
En #Rosario, nos encontramos el lunes 28 desde las 17:00 h. en Plaza San Martín (Córdoba y Moreno. pic.twitter.com/WE6eENMOS7
— #Abortolegal Rosario 💚 (@CampaAbortoRos) September 24, 2026
En 2026, el aniversario encuentra a la Argentina con una particularidad: el derecho está reconocido por una ley nacional, pero su implementación cotidiana se desarrolla en un contexto de fuertes diferencias entre jurisdicciones y de cuestionamientos de organizaciones sociales sobre el rol que actualmente cumple el Estado nacional.
El dato de Santa Fe resume buena parte de esa tensión: una ley puede reconocer un derecho, pero si ocho de cada diez personas encuestadas no saben dónde ejercerlo, la distancia entre la norma y la vida cotidiana sigue siendo significativa.
Por eso, el 28S puede leerse también como una fecha para mirar algo más concreto que la discusión política: qué información llega a los centros de salud, qué medicamentos están disponibles, cuánto tarda una persona en acceder a la atención y cuánto depende ese recorrido del lugar donde vive.
En esa distancia entre el derecho escrito y el derecho efectivamente ejercido se encuentra uno de los principales desafíos de la salud sexual y reproductiva argentina.
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