El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a descomprimir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas. El entendimiento contempla una recomposición salarial del 24,33%, aumentos en becas y fondos para hospitales universitarios, aunque no pone fin a la disputa judicial que mantiene enfrentadas a ambas partes.
Pese al avance en las negociaciones, las universidades confirmaron que continuarán con la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia, donde reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada y ratificada por el Congreso que el Gobierno sigue sin implementar.
La propuesta acordada establece una actualización de los salarios universitarios en dos etapas. El primer tramo contempla un incremento del 21,33% en julio, mientras que el segundo será de 3% en octubre. Según lo acordado, la recomposición incluye 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y un porcentaje adicional destinado a compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada hasta mayo de 2026.
Además, el entendimiento prevé la convocatoria a una nueva instancia de negociación paritaria con los gremios universitarios, uno de los reclamos más insistentes de docentes y trabajadores no docentes.
El acuerdo no se limita únicamente a la cuestión salarial. También incorpora una serie de medidas destinadas a fortalecer el sistema universitario durante el próximo año. Entre ellas se destaca un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, una iniciativa orientada a promover el acceso, la permanencia y la graduación en carreras consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.
A su vez, el Gobierno se comprometió a destinar $50.000 millones para hospitales universitarios, una partida que busca sostener el funcionamiento de estas instituciones que cumplen funciones sanitarias y de formación profesional.
Otro de los puntos abordados durante las negociaciones fue la situación del personal docente de los colegios preuniversitarios, uno de los sectores más afectados por la pérdida de ingresos tras la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID).
A pesar del acuerdo económico alcanzado, el conflicto judicial continúa abierto. Los rectores dejaron en claro que el entendimiento firmado no implica abandonar el reclamo presentado ante la Corte Suprema. La causa se encuentra actualmente bajo análisis del máximo tribunal del país y gira en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El expediente cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente permanece suspendida debido a un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. La decisión final dependerá de la Corte Suprema, que no tiene un plazo determinado para emitir un fallo.
Desde el Ejecutivo sostienen que la Ley de Financiamiento Universitario es “ilegal” porque, según su interpretación, no cumple con los requisitos de la normativa de administración financiera, que exige identificar de manera precisa la fuente de los recursos necesarios para afrontar el gasto. Por esa razón, el Gobierno considera incompatible mantener una demanda judicial mientras se negocian acuerdos económicos entre las partes.
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