Una serie de amenazas en escuelas encendió las alarmas en distintas provincias del país: tres alumnos fueron detenidos en Salta y ocho adolescentes imputados en Córdoba, en el marco de investigaciones por mensajes intimidatorios vinculados a posibles ataques. Los hechos se producen en un contexto de creciente preocupación tras el crimen de Ian Cabrera en Santa Fe, que generó una ola de amenazas en instituciones educativas.
En Salta, los detenidos —de 17, 18 y 19 años— están acusados de haber realizado grafitis con advertencias de un tiroteo en el baño de varones del Colegio Walter Adet. La investigación está a cargo del fiscal penal 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, quien confirmó la existencia de las pintadas que anunciaban un posible ataque para el próximo lunes.
Según se pudo reconstruir, personal del colegio detectó que los tres estudiantes habían ingresado al sector donde aparecieron las inscripciones. Al ser consultados, los jóvenes aseguraron que se trataba de un desafío: “Se trataba de un reto”, indicaron, de acuerdo a la información difundida por el Ministerio Público Fiscal local.
El Juzgado de Garantías ordenó la detención de los implicados, mientras que la audiencia de imputación fue fijada para el sábado 18 de abril. En paralelo, el fiscal continúa con la recolección de pruebas para determinar responsabilidades.
Córdoba: imputaciones y más de 100 casos bajo investigación
En tanto, en Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil del Turno 4° imputó a ocho adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”, en una causa que investiga más de 100 hechos similares registrados en la capital provincial.
Las diligencias no se limitan solo a la ciudad de Córdoba: también se extienden a localidades como La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María, donde se tramitan actuaciones por hechos de características similares.
El avance de estas causas refleja una creciente preocupación por la seguridad en ámbitos escolares, en un escenario donde los mensajes intimidatorios —muchas veces difundidos como supuestas “bromas” o desafíos— generan impacto real en las comunidades educativas y obligan a la intervención de la Justicia.
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