
En una jornada histórica en el Salón Metropolitano de Rosario, el gobierno de Santa Fe llevó adelante la subasta de bienes incautados más grande de la historia argentina, con más de 5.400 inscriptos y una recaudación millonaria destinada a víctimas de delitos e instituciones públicas.
El evento fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto al intendente Pablo Javkin, en el marco de una política que busca golpear al crimen organizado en su estructura económica. La subasta se realizó este 16 de abril de 2026 y tuvo como protagonista a una avioneta que acaparó todas las miradas.
La avioneta Cessna 402 A, decomisada al financista Daniel Casanovas, fue el lote más esperado. Había comenzado con una base de 50 millones de pesos, pero la puja entre oferentes hizo que el precio escalara rápidamente.
Finalmente, la aeronave se vendió en 70 millones de pesos, superando ampliamente las expectativas iniciales y convirtiéndose en el símbolo de una jornada marcada por el interés masivo.
La subasta no solo se destacó por la avioneta. Hubo otros vehículos que también multiplicaron su valor base:
- Ford Ranger 2020: de 16 millones a 51 millones
- Audi A7 2018: de 16 millones a 42 millones
- Toyota Cross 2021: de 14 millones a 36 millones
Desde motos de baja cilindrada hasta vehículos de alta gama, la diversidad de lotes permitió que el evento tuviera una participación federal, con interesados de todo el país.
El remate fue organizado por la APRAD (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes) y forma parte de una estrategia sostenida del gobierno provincial.
Pullaro había adelantado el espíritu de estas subastas al remarcar que los bienes del delito “vuelven a la ciudadanía”, en una política que ya lleva recaudados más de 4.000 millones de pesos en distintas ediciones.

En esa línea, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, sintetizó el objetivo del programa con una frase contundente: “Vendemos la moto del motochorro y los bienes de los narcotraficantes más importantes. No hay impunidad para nadie”.
El gobierno provincial sostiene que este tipo de medidas no solo tiene impacto económico, sino también simbólico: quitarle recursos al crimen organizado y destinarlos a la sociedad.
Pullaro lo había planteado en su discurso al señalar que estos bienes, obtenidos a través de delitos como narcotráfico, robos y estafas, son recuperados por el Estado para reparar a las víctimas y fortalecer instituciones. “No solo los vamos a detener, también les vamos a quitar lo que consiguieron del delito”, remarcó el gobernador durante la presentación.
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