El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, ya envió 39 notificaciones a personas identificadas como autoras de amenazas en establecimientos educativos del centro-norte provincial, con el objetivo de recuperar los costos de los operativos policiales, que ascienden a aproximadamente 200 millones de pesos.
Al respecto, la subsecretaria de Legal y Técnica, Blanca Diakaki, detalló que “por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni, llevaron adelante una serie de intimaciones a los fines de perseguir el cobro y recupero de los costos de cada uno de los operativos llevados a cabo ante las amenazas y conductas de riesgo en establecimientos escolares”.
Según el informe del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se identificó a 73 personas como responsables de amenazas. De ese total, ya se enviaron 39 notificaciones a “personas identificadas en el marco de 32 casos en el centro-norte”. “Aún no tenemos información de la Fiscalía Regional 2, que nos va a ir llegando desde el MPA a lo largo de los días”, indicó Diakaki.
La funcionaria explicó que el procedimiento consiste en identificar “a los padres responsables, indistintamente de la edad de quienes cometieron estos actos”. “El ministerio va a hacer un trabajo independiente del MPA, porque es una acción patrimonial, que arranca como una acción administrativa relativa al cobro de los gastos ocasionados por los operativos” detalló.
Sobre estos costos precisó que “van variando en cada caso concreto. Parten de una base estimativa de entre 5 y 6 millones de pesos, pero por la extensión geográfica o la cantidad de recursos pueden llegar a más de 11 millones de pesos”.
En ese sentido, remarcó que “el Gobierno Provincial está haciendo todo lo posible por recuperar cada uno de los centavos que se han invertido en seguridad” ante las amenazas a escuelas: “Como Estado no sólo debemos garantizar la seguridad, sino proteger los recursos públicos de los santafesinos y santafesinas”.
Trabajo conjunto
Por último, Diakaki señaló que el trabajo con el MPA fue “muy articulado, de manera conjunta desde el primer día, con la idea de esclarecer los hechos, que es la labor del MPA, y también recuperar el dinero de los santafesinos”.
Las identificaciones son el resultado de investigaciones conjuntas, el alcance de las medidas adoptadas, el encuadre legal de los hechos y el trabajo integral entre los organismos provinciales
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