El Gobierno de Santa Fe confirmó que avanzará judicialmente contra las familias que no puedan o no quieran afrontar el pago de las intimaciones económicas impuestas por las falsas amenazas en escuelas de la provincia.
La definición fue realizada por la vocera provincial, Virginia Coudannes, quien explicó que los casos serán derivados a Fiscalía de Estado una vez vencidos los plazos de pago establecidos en las notificaciones enviadas por el Ejecutivo.
“Quienes dispongan o no efectivicen el pago, bueno, será judicializado cada uno de los casos a través de Fiscalía de Estado. Ese es el circuito y el procedimiento”, sostuvo la funcionaria.
Las declaraciones surgieron luego de que se conociera que el Gobierno provincial avanzó con nuevas intimaciones a familiares de alumnos identificados como responsables de amenazas en establecimientos educativos. Entre viernes y sábado se entregaron 11 notificaciones en distintos departamentos santafesinos por un monto total superior a los 36 millones de pesos.
Según detalló el Ministerio de Justicia y Seguridad, los montos reclamados corresponden al costo operativo de cada intervención policial y de emergencia desplegada ante las amenazas.
“No es una multa ni una pena penal; se trata de una indemnización civil por el daño ocasionado al Estado”, había explicado el ministro Pablo Cococcioni.
Los costos incluyen combustible, móviles policiales, brigadas especializadas, operativos de explosivos y horas de servicio afectadas en cada procedimiento.
En ese marco, Coudannes defendió la postura del Gobierno provincial y remarcó que las amenazas movilizaron recursos públicos en un contexto complejo para las escuelas santafesinas.
“Esto tiene que ver con los recursos de los santafesinos que se pusieron ante una broma en las escuelas, en un momento muy difícil”, afirmó.
La funcionaria sostuvo además que este tipo de hechos no solo afecta a las comunidades educativas, sino también al funcionamiento del Estado. “No solo los chicos de esa escuela quedaron a la deriva ese día, sino que además se desplegaron todos los recursos públicos necesarios para actuar”, indicó.
Respecto de las familias que aseguran no estar en condiciones económicas de afrontar los pagos, la vocera ratificó que el procedimiento continuará por vía judicial. De acuerdo a lo informado por el Gobierno provincial, una vez vencido el plazo de cinco días otorgado para abonar, los antecedentes son remitidos a Fiscalía de Estado para avanzar con la ejecución civil de la deuda.
Desde la Provincia explicaron que el mecanismo se encuadra dentro del Código Civil y Comercial y puede derivar en medidas judiciales como embargos de sueldo o inhibiciones de bienes.
Coudannes destacó además que las medidas implementadas lograron una fuerte reducción de los episodios de amenazas falsas. “Han bajado muchísimo. En los últimos días tuvimos solo dos casos en Santa Fe y dos en Rosario”, señaló.
Finalmente, la vocera cuestionó las críticas hacia la política impulsada por la administración santafesina y defendió el reclamo patrimonial. “Es una falta de respeto para los santafesinos que trabajan, pagan impuestos y esperan que el Estado pueda garantizar todos los servicios”, concluyó.
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