La fiscalía sostuvo que el hundimiento del ARA San Juan pudo haberse evitado y pidió penas de hasta cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada, en el tramo final del juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte de los 44 tripulantes del submarino.
En sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, los representantes del Ministerio Público Fiscal afirmaron que la embarcación navegaba con fallas conocidas y en condiciones deficientes, y que existían advertencias previas sobre distintos problemas técnicos que no fueron atendidos. Pese a ese escenario, los imputados habrían autorizado la continuidad de las operaciones.
“El resultado era predecible”, remarcaron los fiscales, al sostener que la tragedia no fue un hecho imprevisto sino consecuencia de decisiones y omisiones dentro de la cadena de mando de la Armada.
Las penas más altas, de cinco años de prisión, fueron solicitadas para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y para el excapitán de navío Claudio Villamide, a quienes se les atribuye haber autorizado operaciones del submarino aun con restricciones operativas y alertas técnicas vigentes.
Para Héctor Aníbal Alonso, la fiscalía pidió cuatro años de prisión, mientras que para Hugo Miguel Correa solicitó tres años. Los cuatro imputados llegaron al juicio en libertad.
Durante el alegato, los fiscales reconstruyeron la cadena de mando y detallaron incumplimientos en el mantenimiento, la supervisión y el alistamiento del ARA San Juan. Según la acusación, los responsables contaban con información suficiente para advertir los riesgos, pero no adoptaron medidas para impedir que la nave siguiera operando.
Uno de los puntos centrales del planteo fue la existencia de fallas reiteradas y advertencias técnicas previas, que —según la fiscalía— debieron haber derivado en controles más estrictos y en la suspensión de las operaciones.
También se cuestionó la postergación de una inspección de seguridad que debía realizarse antes de la desaparición del submarino. De acuerdo con lo expuesto en el juicio, esa revisión fue diferida para diciembre de 2017, cuando el ARA San Juan ya había desaparecido en el Atlántico Sur.
La fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, María Garmendia, reforzó el planteo al señalar que el desenlace debía ser previsible en función de las obligaciones de cuidado que pesaban sobre los oficiales involucrados.
Con este pedido de condenas por “accionar imprudente”, la fiscalía dejó la causa en su etapa final de debate. Ahora será el turno de las querellas y posteriormente de las defensas, antes de que el tribunal avance hacia el veredicto.
El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos está integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini, mientras que la acusación es llevada adelante por un equipo de fiscales federales.
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 durante su navegación entre Ushuaia y Mar del Plata. Sus restos fueron hallados un año después a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur. Las familias de los 44 tripulantes continúan reclamando justicia y esclarecimiento de las responsabilidades.
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