El Área de Investigación y Litigio Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario formalizó la investigación preparatoria en relación con un hombre de 34 años que, mediante la utilización de casillas de correo apócrifas, simuló ser juez federal para obtener acceso a claves del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), la base de datos que registra medidas judiciales y restricciones vigentes sobre personas y vehículos.
Según la imputación formulada por el fiscal federal Federico Reynares Solari y el auxiliar fiscal Ignacio Falconi, el hombre envió una serie de mensajes de correo electrónico al Ministerio de Seguridad Nacional en los que aparentó ser un juez federal. Además, en otra de las comunicaciones invocó de manera falsa a una magistrada federal.
La unidad fiscal le atribuyó a C.G.M los delitos de usurpación de autoridad y de título, la tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y la falsificación de documento público.
Luego de analizar la hipótesis oficial, el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz dictó, a pedido del Ministerio Público Fiscal, la prisión preventiva de C.G.M por 90 días.
Secuencia
Según expuso el fiscal Reynares Solari, el 5 de noviembre de 2024 el imputado remitió un correo desde una casilla que simulaba ser del Poder Judicial al mail oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, mediante el cual solicitó acceso a SIFCOP. La solicitud era firmada por quien aparentaba ser juez federal, aunque su nombre no correspondía al de un magistrado de la justicia federal.
Desde el organismo le informaran que debía dirigirse a la casilla oficial de la Comisión de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ese motivo, el 20 de noviembre de aquel año, el hombre (desde una casilla que simulaba las características que tienen las generadas por el dominio de la Corte), envió un correo haciéndose pasar por la responsable del área.
La pesquisa pudo establecer el origen real de las casillas empleadas en las comunicaciones y, a partir de esa información, se pudo establecer el vínculo con la persona ahora imputada.
Simulación y oficios falsos
El segundo hecho que le endilgaron los representantes del MPF fue hacerse pasar por autoridad judicial federal ante el Servicio Penitenciario Federal mediante una serie de correos electrónicos y un oficio judicial falso con el propósito de obtener credenciales de acceso al SIFCOP y las bases de datos que utiliza.
En ese caso, el 1° de julio de 2025 el imputado, desde la conexión a internet de su domicilio, creó una casilla de correo que simulaba corresponder a un juzgado federal. Al otro día, desde esa dirección envió un correo al SPF.
Según sostuvieron los acusadores, el imputado se presentó en el encabezado como “Fiscalía Federal” y anunció la supuesta apertura de una denuncia y el avance de una investigación penal por “uso de datos personales y malversación de información confidencial”. Por ello, requirió nuevamente el acceso a SIFCOP.
El 3 de julio de 2025, el Servicio Penitenciario le informó que debía dirigirse a otra área, motivo por el cual ese mismo día el imputado envió otros dos correos electrónicos en los que adjuntó un archivo que supuestamente estaba firmado por una jueza federal.
La Unidad Fiscal Rosario le atribuyó al hombre los delitos de usurpación de autoridad y de título, la tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y la falsificación de documento público.
Sin embargo, y tal como explicaron los representantes del MPF, allí cometió un error ya que le atribuyó a la magistrada estar a cargo de un de otro fuero. El intercambio de mensajes continuó hasta el 15 de julio pasado, tras las solicitudes de mayores precisiones y requisitos.
Según indicó la fiscalía, el personal de la Subdirección Nacional del SPF advirtió las irregularidades y formuló la denuncia que dio origen a la investigación en la que se autorizó la detención del falso operador judicial, el 29 de septiembre pasado.
Al fundamentar la imputación, describir las evidencias y el contexto de las maniobras, el auxiliar fiscal Falconi recordó que C.G.M, al momento de crear las falsas direcciones, registraba un proceso suspendido a prueba el 17 de junio 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal, en el que se le imputó la comisión del delito de falsificación de documento público.
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