Argentina ya inició el proceso de apelación del fallo que la obliga a pagar con acciones de YPF la condena de USD 16.000 millones por la nacionalización de la empresa. La presentación se hizo ante la Cámara de Apelaciones.
Según el especialista Sebastián Maril, la apelación se basa en cuatro puntos principales:
- La justicia de Estados Unidos no tiene la potestad para obligar a un país soberano a repatriar sus activos que están en el exterior.
- La jueza Loretta Preska aplicó mal una ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225) sobre cómo tratar estos activos.
- Argentina usa la Ley de Inmunidad Soberana como protección para no tener que entregar las acciones de YPF.
- Invoca las relaciones diplomáticas entre dos naciones amigas y las consecuencias que tendría para esas relaciones obligar al país a entregar sus activos.
Los especialistas estiman que la definición de este proceso va a llegar en el primer trimestre de 2026.
El apoyo de Estados Unidos
El gobierno de Estados Unidos se presentó como amicus curiae (amigo del tribunal) de Argentina. Argumentó que la orden de transferir las acciones de YPF, incluso si estas están fuera de territorio estadounidense, podría ir en contra de los límites legales que establece la FSIA (Ley de Inmunidad Soberana Extranjera) para ejecutar bienes de estados extranjeros.
Además, Estados Unidos consideró que estas decisiones judiciales pueden tener consecuencias negativas en las relaciones exteriores y afectar cómo otros países traten sus bienes o activos ante sus tribunales.
También advirtió que si Argentina cumple la orden de entregar las acciones antes de que la apelación se defina, el país podría sufrir un “daño irreparable”, ya que existe la posibilidad de que, incluso si después consigue un fallo a favor, no pueda recuperar esas acciones.
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