La fiscal María Verónica Ballari será suspendida este jueves por la Legislatura de Santa Fe en el marco de un proceso disciplinario impulsado por el diputado provincial Leonardo Calaianov, quien la acusó por su actuación en distintas investigaciones. La sanción, ya dictaminada, contempla tres meses sin goce de sueldo.
La medida cobra especial relevancia porque Ballari fue la fiscal que intervino en la causa por violencia de género contra Jonathan Omill, el hombre que actualmente es investigado por el femicidio de Ailén Oggero, ocurrido el 18 de febrero de 2025 en Rosario.
La decisión legislativa se conoce además en la antesala de una nueva movilización por Ni Una Menos, que tendrá lugar este miércoles 3 de junio en Rosario. La convocatoria comenzará a las 15.30 en Plaza 25 de Mayo y marchará hacia Plaza San Martín, donde se leerá un documento elaborado por organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos. Entre los principales reclamos figuran políticas públicas para prevenir la violencia de género, asistencia integral para las víctimas y mayores recursos para abordar la problemática.
La actuación de Ballari quedó bajo la lupa luego de que se conocieran detalles de la investigación que tenía como imputado a Jonathan Omill, expareja de Ailén Oggero.
El 20 de febrero de 2025, dos días después del crimen, la fiscal llevó adelante una audiencia imputativa en la que acusó a Omill por una serie de hechos de violencia de género, amenazas, privación ilegítima de la libertad, lesiones agravadas, violación de domicilio, hurto de vehículo y tenencia ilegal de arma de guerra.
Según la acusación, el episodio más grave ocurrió durante la madrugada del 27 de noviembre de 2024, cuando Omill ingresó sin autorización a una vivienda donde se encontraba Oggero, tomó las llaves de su automóvil y luego regresó para agredirla físicamente.
La investigación sostiene que posteriormente la obligó a subir a un vehículo, la trasladó por distintos sectores de la zona sur de Rosario durante aproximadamente dos horas y volvió a golpearla mientras la amenazaba.
Horas más tarde, cuando la mujer regresó a su domicilio, el acusado volvió a interceptarla y la atacó nuevamente. Ese mismo día también la habría abordado en la vía pública cuando salía de su trabajo y continuó enviándole mensajes intimidatorios durante las jornadas siguientes.
La denuncia formal fue radicada por Ailén el 27 de noviembre de 2024 en un Centro Territorial de Denuncias y la investigación quedó a cargo de la Oficina de Violencia contra la Mujer del Ministerio Público de la Acusación.
De acuerdo con las actuaciones judiciales, el expediente comenzó formalmente el 2 de diciembre de 2024 y durante los meses siguientes se ordenaron distintas medidas: ampliación de entrevistas, toma de testimonios, citación de testigos, informes médicos, rondas de vigilancia e intervenciones de la Policía de Investigaciones.
Además, el 28 de noviembre de 2024, el Tribunal Colegiado de Familia Nº 4 dispuso una prohibición de acercamiento de Omill hacia la víctima y su grupo familiar. Sin embargo, las actuaciones se extendieron durante varios meses y la imputación recién llegó en febrero de 2025, cuando Oggero ya había sido asesinada.
El proceso disciplinario contra la fiscal fue impulsado por el diputado provincial Leonardo Calaianov, quien la señaló por presuntas irregularidades y demoras en el tratamiento de distintas causas.
Este jueves, la Legislatura avanzará con una suspensión de 90 días sin percepción de haberes, una medida que se produce mientras continúa el debate sobre la respuesta del sistema judicial frente a las denuncias por violencia de género y los mecanismos de protección para las víctimas.
Rosario vuelve a marchar
En ese contexto, el caso de Ailén Oggero volverá a estar presente en la movilización de Ni Una Menos, que este miércoles conmemorará un nuevo aniversario del movimiento surgido en 2015.
La concentración comenzará a las 15.30 en Plaza 25 de Mayo, mientras que la marcha partirá oficialmente a las 16 rumbo a Plaza San Martín.
La convocatoria pondrá nuevamente sobre la mesa los reclamos por una mayor protección para las mujeres víctimas de violencia, más recursos estatales y una respuesta más eficaz de la Justicia ante situaciones de riesgo que, en muchos casos, terminan en femicidios.
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