La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, sorprendió este miércoles al relacionar la muerte del fiscal Alberto Nisman con supuestos vínculos entre sectores de inteligencia, la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y un funcionario del actual Gobierno nacional. Lo hizo durante una exposición en el almuerzo semanal del Rotary Club de Buenos Aires, realizado en el Hotel Libertador.
En su discurso, la magistrada aseguró que la corrupción en la Argentina es “estructural” y atraviesa a los tres poderes del Estado. Además, sostuvo que el sistema judicial debería tener más jueces y fiscales sometidos a juicio político y removidos de sus cargos.
Al ser consultada sobre la investigación por la muerte de Nisman, Arroyo Salgado lanzó una hipótesis que generó fuerte repercusión política y judicial. “Difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio, pero sí los partícipes respecto de los cuales hay trascendidos, acerca de que tienen sus vínculos en los servicios de inteligencia que están operando hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con vínculos con funcionarios públicos del actual gobierno”, afirmó.
La jueza no brindó mayores precisiones sobre los nombres o pruebas vinculadas a esa hipótesis. Sin embargo, sus declaraciones provocaron sorpresa entre los asistentes al evento y reavivaron el debate sobre una de las causas más sensibles de la política argentina.
La muerte de Alberto Nisman ocurrió en enero de 2015, días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento en la causa AMIA a través del Memorándum con Irán. La Justicia considera actualmente que se trató de un homicidio.
En la causa están procesados el técnico informático Diego Lagomarsino, quien le entregó el arma con la que se efectuó el disparo, y los excustodios del fiscal.
Tras las declaraciones de Arroyo Salgado, Lagomarsino reconoció que mantuvo contactos con YCRT. Explicó que fue convocado por el área de sistemas de la empresa para evaluar posibles soluciones tecnológicas, aunque aseguró que nunca se concretó ningún trabajo.
“No se concretó el trabajo, no llegamos a un acuerdo”, sostuvo. También negó cualquier irregularidad alrededor de esos encuentros y afirmó que incluso viajó a Río Turbio con autorización judicial. “Es una idea que nada que ver”, agregó.
Según trascendidos mencionados durante el evento, Arroyo Salgado habría hecho referencia a reuniones en la sede porteña de YCRT entre el gerente Maxi Cáceres y el interventor Pablo Gordillo, identificado como un histórico dirigente kirchnerista que actualmente ocupa funciones bajo la administración libertaria.
Durante la charla, titulada “Investigaciones Complejas y Credibilidad en la Justicia”, Arroyo Salgado cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y apuntó especialmente contra el Consejo de la Magistratura.
“El Consejo de la Magistratura es como un elefante burocrático que difícilmente llega a tomar decisiones en tiempo y forma respecto del magistrado que no está haciendo bien su trabajo”, criticó.
Además, consideró que la corrupción atraviesa tanto al ámbito público como al privado. “Detrás de un funcionario corrupto, hay un civil que lo corrompe”, remarcó.
La magistrada también habló sobre el avance del narcotráfico en zonas fronterizas, el terrorismo y el atentado a la AMIA. En ese marco, definió al crimen de Nisman como “el acontecimiento de mayor impacto institucional” desde el regreso de la democracia.
“El gran desafío es combatir la corrupción endémica y estructural que tenemos”, señaló. Y agregó: “Con los índices de corrupción que hay en la Justicia, deberían ser muchos más los magistrados sometidos a procesos de investigación y removidos”.
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