Los veedores designados por el Ministerio de Justicia en la AFA acudirán este martes a las 13 a las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino y la Superliga para dar inicio a la intervención impulsada por el Gobierno nacional, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en los balances contables de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.
La medida se da en el marco de una denuncia presentada por la Inspección General de Justicia (IGJ), que apunta a supuestas inconsistencias en la rendición de unos 450 millones de dólares reflejados en los estados contables de la casa madre del fútbol argentino durante los últimos ocho años.
Según indicaron fuentes oficiales, el operativo comenzará con un pedido formal para acceder a documentación social, administrativa y contable de la entidad. Los veedores tendrán facultades para revisar balances, contratos comerciales y registros internos con el fin de elaborar un informe sobre el manejo económico e institucional de la AFA.
Entre las irregularidades señaladas por el Gobierno aparece la falta de presentación en tiempo y forma de documentación complementaria correspondiente a los balances cerrados a mediados del año pasado. Además, la denuncia también pone bajo análisis la creación de una universidad vinculada a la AFA que nunca habría sido registrada oficialmente.
Otro de los puntos observados por la IGJ son los vínculos comerciales entre la entidad y empresas actualmente investigadas por presunto lavado de dinero y desvío de fondos, como TourProdEnter y SurFinanzas. En este contexto, la Justicia también investiga al financista Ariel Vallejo, cercano a Tapia, cuya detención fue solicitada recientemente por la fiscalía en la causa Sur Finanzas.
A su vez, el Ejecutivo acusó a la conducción de la AFA de haber intentado mudar la sede social de la institución a un predio ubicado en la provincia de Buenos Aires para evitar los controles de la IGJ. Sin embargo, el traslado fue rechazado luego de comprobarse que en ese lugar no funcionaban oficinas administrativas ni existían instalaciones operativas de la entidad, que continúa radicada en Viamonte 1366, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La intervención fue dispuesta mediante un decreto firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y marca un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno y la conducción de la AFA, en medio de investigaciones judiciales y cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos del fútbol argentino.
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