El Gobierno nacional autorizó la instalación de tecnología para detectar y bloquear teléfonos celulares dentro de cárceles federales, con el objetivo de impedir que se sigan coordinando delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, a través de la Resolución 336/2026 publicada en el Boletín Oficial. La normativa habilita al Servicio Penitenciario Federal a implementar sistemas capaces de identificar celulares activos y anular su funcionamiento.
El uso de teléfonos en cárceles no es un problema nuevo. En distintas investigaciones judiciales se detectaron estafas telefónicas, amenazas y organización de robos coordinados desde unidades penitenciarias. Uno de los casos más resonantes fue el de una banda conocida como “call center carcelario”, que operaba desde la Unidad Penal N° 35 de Magdalena y llegó a estafar a funcionarios judiciales.
A diferencia de los sistemas anteriores, que bloqueaban la señal de forma general, la nueva tecnología permitirá detectar dispositivos en uso y neutralizarlos de manera puntual dentro de los penales. Esto busca evitar uno de los principales inconvenientes previos: la interferencia en zonas cercanas a las cárceles.
La decisión se enmarca en lo establecido por la Ley 24.660, que permite a las personas detenidas mantener comunicación con familiares o abogados, pero prohíbe el uso de teléfonos celulares. En ese sentido, el Estado busca reforzar los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Además, la resolución aprobó un “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales”, que define cómo se aplicará la tecnología. Su implementación será progresiva, ya que requiere procesos técnicos de identificación, seguimiento y bloqueo de los dispositivos.
La iniciativa también contempla la adquisición, instalación y mantenimiento de los sistemas, así como ajustes para asegurar que el funcionamiento no afecte el entorno externo.
En paralelo, en la provincia de Buenos Aires se impulsaron proyectos similares para restringir el uso de celulares en cárceles del ámbito bonaerense, con el objetivo de reforzar la seguridad y limitar la continuidad de actividades delictivas desde el encierro.
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