La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los últimos planteos presentados por Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, y ordenó el decomiso de 111 bienes inmuebles en el marco de la causa Vialidad, con el objetivo de resarcir al Estado nacional por el perjuicio causado.
La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la exmandataria y sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, además de más de 80 inmuebles pertenecientes a Báez y sus empresas.
Según el fallo firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, del total decomisado corresponden 84 propiedades a Báez, una a Cristina Kirchner, dos a Austral Construcciones, tres a Kank y Costilla, dos a Loscalzo y Del Curto, y 19 a sus hijos.
Las defensas cuestionaron la decisión al sostener que varios de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner fueron heredados de Néstor Kirchner o adquiridos antes del período investigado, y alegaron la inexistencia de un vínculo directo con fondos ilícitos. En la misma línea, los abogados de Báez plantearon falta de fundamentos sobre la relación entre los inmuebles y los beneficios del delito.
Sin embargo, el tribunal rechazó esos argumentos y consideró válidos los criterios utilizados por el Tribunal Oral Federal 2 para identificar los bienes. Los jueces señalaron que, en casos de criminalidad económica compleja, no es necesario reconstruir de manera exhaustiva cada flujo de dinero.
“Exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso”, advirtió la sentencia, al sostener que alcanza con acreditar una coincidencia temporal y una vinculación económica razonable entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva.
El juez Borinsky votó en disidencia parcial, al considerar que algunos inmuebles —especialmente los heredados por los hijos de la exmandataria— requerían un análisis más detallado. No obstante, la mayoría del tribunal confirmó el decomiso total y remarcó que los bienes de origen ilícito pueden ser incautados incluso si fueron transferidos o heredados. Los activos pasarán ahora a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá a su cargo su administración y eventual venta.
La causa Vialidad investigó un esquema de corrupción en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, con contratos direccionados a favor de Báez, sobreprecios y obras inconclusas. En ese expediente, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.
Actualmente, la ex presidenta cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.
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