La fiscalía volvió a exponer este miércoles su hipótesis sobre la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el menor no se perdió en el monte, sino que fue sustraído en el marco de un plan organizado, ejecutado por varias personas de su entorno y seguido por una serie de maniobras destinadas a ocultar lo sucedido y dificultar la investigación.
Durante el juicio, los fiscales detallaron los presuntos roles que habrían cumplido cada uno de los imputados, diferenciando una primera etapa vinculada a la desaparición del niño y una segunda relacionada con el encubrimiento posterior. La hipótesis oficial sostiene que Loan fue aislado deliberadamente, retirado del lugar con apoyo logístico y posteriormente ocultado mediante acciones coordinadas.
De acuerdo con la investigación, Bernardino Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña tuvieron una participación central en el momento previo a la desaparición.
Según la fiscalía, el grupo llevó a Loan y a otros menores hacia un naranjal ubicado a varios minutos de la vivienda familiar y fuera del alcance visual de los adultos. Para los investigadores, ese desplazamiento no fue casual, sino una maniobra coordinada destinada a aislar al niño y generar las condiciones necesarias para concretar la sustracción.
Dentro de ese grupo, Benítez aparece como uno de los principales señalados. Los fiscales remarcan que fue una de las últimas personas en ver al niño, que brindó versiones contradictorias y que sus movimientos posteriores, cambios de ropa y comunicaciones reiteradas constituyen indicios de una posible participación directa.
En tanto, Laudelina Peña ocupa un lugar clave dentro de la hipótesis acusatoria. Además de participar en el traslado de los menores hacia el naranjal, es señalada como la persona que convenció a una de las mujeres presentes para regresar a la vivienda, dejando a los niños bajo el control exclusivo del grupo.
Para la fiscalía, esa acción fue determinante para que Loan quedara sin supervisión de otros adultos. Ramírez y Millapi completan el núcleo de imputados que habría tenido al niño bajo su órbita en el momento exacto de la desaparición.
El papel atribuido a Pérez y Caillava
La acusación ubica a Carlos Pérez y María Victoria Caillava en una segunda instancia del hecho.
Según los fiscales, mientras el grupo del naranjal concretaba el aislamiento del menor, el matrimonio permanecía en la casa de la abuela Catalina. Sin embargo, sostienen que fueron ellos quienes retiraron a Loan utilizando una Ford Ranger blanca, vehículo que ocupa un lugar central en la investigación.
Los investigadores destacan que en la camioneta fueron detectados rastros aromáticos compatibles con el niño, elemento que refuerza la hipótesis de que allí se produjo el traslado. De esta manera, Pérez y Caillava aparecen señalados como quienes habrían concretado la salida de Loan del lugar donde fue visto por última vez y dado inicio a la etapa de ocultamiento.
El entonces comisario Walter Maciel es acusado como partícipe necesario en el encubrimiento posterior.
La fiscalía sostiene que utilizó su posición para obstaculizar la investigación desde las primeras horas posteriores a la desaparición. Entre las conductas que se le atribuyen figuran la construcción de un escenario falso de búsqueda, la adopción de medidas que desviaron la pesquisa y diversas intervenciones que dificultaron el esclarecimiento del caso.
Para los investigadores, su participación marcó el paso de la desaparición inicial a una estrategia de ocultamiento sostenida en el tiempo.
Uno de los puntos centrales de la acusación es que la escena fue montada para instalar la idea de que Loan se había perdido.
En ese contexto, el hallazgo del botín del niño, considerado el principal rastro material encontrado durante la búsqueda, es interpretado por los fiscales como una evidencia colocada deliberadamente para reforzar la hipótesis del extravío.
Laudelina Peña vuelve a adquirir relevancia en este tramo de la investigación. Según la acusación, mantuvo comunicaciones constantes con Benítez durante las horas posteriores a la desaparición e impulsó inicialmente una versión alternativa sobre un supuesto accidente protagonizado por Pérez y Caillava.
Esa hipótesis fue posteriormente descartada por la propia mujer, algo que para la fiscalía constituye un intento de desviar la investigación.
A ello se suma la ausencia de rastros consistentes en los operativos realizados con perros especializados, que nunca lograron establecer una trayectoria de desplazamiento del menor, reforzando la teoría de que Loan no abandonó el lugar por sus propios medios.
El Ministerio Público Fiscal describe el caso como una secuencia dividida en dos momentos claramente diferenciados. La primera etapa corresponde a la sustracción, que se habría concretado mediante el aislamiento del niño en el naranjal.
La segunda fase comienza con el presunto traslado en la Ford Ranger y continúa con diversas acciones orientadas a ocultar lo sucedido y dificultar el trabajo de los investigadores. Según la acusación, en este proceso participaron tanto los imputados presentes en el lugar como otras personas que intervinieron posteriormente desde distintos ámbitos.
La presunta organización que entorpeció la investigación
Paralelamente, la fiscalía identificó a otro grupo de acusados que, sin haber participado directamente en la desaparición, habrían desplegado maniobras destinadas a entorpecer el avance de la causa.
Entre ellos aparecen Elizabeth Noemí Cutaia y Alan Cañete, señalados como referentes de una estructura que operaba bajo la fachada de la denominada “Fundación Dupuy”.
También fueron imputados Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Leonardo Daniel Rubio, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Verónica Paola Machuca Yuni y Valeria Liliana López.
Según la acusación, este grupo retuvo a menores y testigos en el hotel “Despertar del Iberá”, manipuló declaraciones mediante presiones, engaños y promesas, e intentó instalar hipótesis falsas, entre ellas la de un supuesto ajuste narco, con el objetivo de desviar la investigación.
Además, se les atribuye haber obtenido fondos del municipio de 9 de Julio mediante facturación irregular por presuntos servicios profesionales, algunos realizados por personas sin habilitación correspondiente.
Por otra parte, Rossi Colombo está acusado de haber cometido falso testimonio y de difundir información sensible vinculada a menores de edad en medios de comunicación, afectando el desarrollo de la causa.
Con este esquema, la fiscalía sostiene una hipótesis integral: Loan fue sustraído por personas de su entorno en un contexto de confianza, trasladado con apoyo logístico y posteriormente ocultado mediante una serie de maniobras coordinadas, a las que luego se sumaron acciones externas destinadas a entorpecer el esclarecimiento del caso.
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