La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó avanzar con la tasación y ejecución de bienes en el marco de la causa Vialidad, en la que fueron condenados Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Báez y varias empresas vinculadas. La decisión busca hacer efectivo un decomiso superior a los $684 mil millones, y establece que, si los activos principales no alcanzan, se avanzará sobre bienes del resto de los condenados.
El fallo dispone que el proceso continúe bajo la órbita del Tribunal Oral Federal 2, siguiendo los lineamientos de la Acordada 22/2025 de la Corte Suprema, que regula la administración de bienes decomisados. En paralelo, los condenados aún pueden recurrir a un recurso extraordinario ante Casación y, en última instancia, presentar una queja ante la Corte Suprema, lo que podría frenar momentáneamente la ejecución.
Según la resolución judicial, se ordenó avanzar sobre bienes de Cristina Kirchner, sus hijos, Lázaro Báez y empresas como Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L.. En caso de que estos activos no cubran el monto total, el fallo establece que también se deberán ejecutar bienes de otros condenados, como José López y Nelson Periotti, entre otros.
“Para el eventual supuesto de que aquello no fuera suficiente para afrontar el monto de decomiso fijado en esta causa, procédase a la realización de los bienes”, indica la resolución.
Además, se aclaró que el Ministerio Público Fiscal podrá identificar nuevos activos durante el proceso: “Conserva íntegramente la facultad de identificar, en el curso de la ejecución, nuevos bienes susceptibles de realización”.
El procedimiento incluye la subasta pública de propiedades, con notificación previa a la Corte Suprema. El dinero obtenido deberá depositarse en cuentas del máximo tribunal. En tanto, los bienes muebles con valor social podrán ser destinados a organismos judiciales, fuerzas de seguridad o programas comunitarios, como asistencia a víctimas, educación o salud.
Por su parte, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tendrá un rol clave en la gestión, mantenimiento y eventual venta de los activos decomisados.
La decisión de Casación también ratificó un criterio central: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso si fueron transferidos a terceros o heredados.
El juez Gustavo Hornos remarcó la importancia de ejecutar la medida: “La ejecución del decomiso resulta indispensable para evitar que la condena quede reducida a una declaración formal”.
En esa línea, también sostuvo: “El decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”. El juez Diego Barroetaveña coincidió en que el alcance debe ser amplio, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia parcial, proponiendo excluir los bienes heredados por los hijos de la ex presidenta.
De acuerdo con el fallo, el decomiso incluye 84 propiedades de Lázaro Báez, un terreno en Lago Argentino perteneciente a Cristina Kirchner y 19 inmuebles a nombre de sus hijos. También se contemplan propiedades de las empresas investigadas: Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.
La resolución consolida así un paso clave en la ejecución de una de las causas más relevantes por corrupción en la obra pública, mientras se abre la última instancia judicial para los condenados y se define el destino de un patrimonio millonario.
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