La Justicia puso el foco en las cuentas, los bienes y los movimientos financieros de Claudio “Chiqui” Tapia. El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas en la causa que investiga al presidente de la AFA por presunto enriquecimiento ilícito y pidió reconstruir en detalle su situación patrimonial durante los últimos años.
Para avanzar con esa tarea, el representante del Ministerio Público solicitó acceder a información que hasta ahora se encontraba protegida por los secretos fiscal, bancario y financiero. También requirió las declaraciones juradas de Tapia y documentación de distintos organismos públicos y entidades deportivas.
La pesquisa intenta responder una pregunta central: si el crecimiento de su patrimonio desde 2016 puede explicarse por los ingresos que declaró oficialmente. En particular, Pollicita busca determinar si existió un incremento patrimonial “apreciable”, ya sea a nombre del propio dirigente o mediante terceras personas.
Entre los organismos que deberán aportar información se encuentran ARCA, el Banco Central, Migraciones y el CEAMSE. También se pidió documentación a la Conmebol, donde Tapia ocupa un cargo dirigencial.
La lupa sobre sus movimientos económicos
El fiscal quiere conocer cómo fueron las operaciones financieras del presidente de la AFA durante el período analizado. Por eso, además de sus cuentas bancarias, la investigación contempla posibles movimientos de dinero con el exterior y operaciones vinculadas con criptoactivos.
ARCA deberá aportar información histórica sobre su situación fiscal, económica y patrimonial, mientras que el Banco Central fue requerido para informar sobre sus cuentas y operaciones financieras.
También se busca determinar cuáles fueron los ingresos que Tapia recibió durante su paso por el CEAMSE, organismo en el que se desempeñó como funcionario público entre 2016 y 2025.
En paralelo, la fiscalía solicitó a Conmebol información sobre los cargos que ocupó el dirigente, los períodos en los que los ejerció y los montos que percibió por esas funciones.
Por qué quedó bajo investigación
La causa se inició a partir de una denuncia de Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución del patrimonio declarado por Tapia y sostuvo que podría existir un incremento que no estaría respaldado por sus ingresos.
El denunciante comparó distintas declaraciones juradas presentadas a lo largo de los años y señaló diferencias tanto en la cantidad como en el valor de los bienes informados.
Uno de los puntos utilizados como referencia corresponde a 2017, cuando Tapia había declarado cuatro propiedades, un vehículo y activos líquidos por menos de $1,5 millones.
La denuncia sostiene que, en los años siguientes, fueron apareciendo nuevos inmuebles y modificaciones en la composición de su patrimonio. Entre los bienes mencionados figuran propiedades en San Isidro, Caballito e Ingeniero Maschwitz, además de un terreno en Campana.
El planteo también pone bajo la lupa la declaración correspondiente a 2024, en la que, según Tofoni, Tapia informó depósitos bancarios superiores a $1.002 millones, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro, tomando el valor oficial.
La presentación sostiene que al año siguiente aparecieron cambios significativos en esos registros: Tapia habría declarado no tener dinero en efectivo ni depósitos bancarios y, al mismo tiempo, informó vehículos y siete propiedades.
Entre las situaciones señaladas por el denunciante aparecen además dos inmuebles en San Juan, respecto de los cuales cuestionó tanto la evolución de sus valores fiscales como el cambio en la forma en que fueron declarados dentro del patrimonio familiar.
La Justicia busca contrastar patrimonio e ingresos
Otro de los aspectos que Pollicita pretende reconstruir es la relación entre los bienes declarados y las fuentes de ingresos de Tapia.
El presidente de la AFA declaró ingresos provenientes de sus actividades en distintos organismos. A sus funciones vinculadas con la AFA y el CEAMSE se sumó su cargo como vicepresidente segundo de la Conmebol.
Según la denuncia, durante 2025 los ingresos declarados por esas actividades superaron los $818 millones anuales, además de otros montos adicionales.
Para Tofoni, esas cifras no explicarían por sí solas el crecimiento patrimonial que atribuye al dirigente y planteó incluso la posibilidad de que existieran bienes no declarados.
Ahora será la investigación judicial la que deberá establecer si las diferencias señaladas tienen una explicación documental y financiera válida o si, por el contrario, aparecen elementos que permitan sostener la hipótesis de un enriquecimiento injustificado.
La causa quedó en manos del Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo, luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones resolviera qué tribunal debía intervenir. A partir de esa definición, Pollicita comenzó a impulsar las medidas necesarias para profundizar la investigación.
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