Dos choferes de nacionalidad boliviana serán sometidos a juicio oral acusados de intentar sacar de la Argentina hacia Bolivia 35.144 kilos de acetato de etilo, un precursor químico que puede ser utilizado en el proceso de refinamiento para obtener clorhidrato de cocaína. La carga, distribuida en 191 tambores, fue detectada el 16 de marzo en el paso internacional de Aguas Blancas, en Salta, cuando los vehículos pretendían cruzar la frontera con documentación adulterada.
La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, y la acusación fue admitida durante una audiencia de control realizada ante el juez Guillermo Elías, de la Sala II del Tribunal de Revisión. Los acusados, identificados por sus iniciales como J.C.N.G. y C.P.G., están señalados como coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos mediante el empleo de documentación adulterada, en grado de tentativa. La Fiscalía adelantó que solicitará una pena de 9 años y 2 meses de prisión para cada uno.
El cargamento había ingresado a la Argentina el 13 de marzo a través del paso internacional de Gualeguaychú, procedente de Fray Bentos, Uruguay. Los dos camiones Volvo transportaban los 35.144 kilos de acetato de etilo: 95 tambores en uno y 96 en el otro. Según la documentación comercial, la mercadería debía atravesar la Argentina y abandonar el país por Salvador Mazza, para luego continuar hacia Cochabamba, Bolivia. Sin embargo, los vehículos terminaron llegando a Aguas Blancas, donde fueron interceptados.
El procedimiento permitió detectar varias irregularidades. La autorización de tránsito internacional exhibida por los conductores no coincidía con la documentación emitida por el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE). Además, los dominios de los camiones no figuraban entre los autorizados para esa operación y el recorrido realizado tampoco coincidía con el itinerario aprobado. Los vehículos, los choferes y la totalidad de la carga quedaron entonces secuestrados.
Pero la investigación avanzó más allá de la documentación. Los peritajes realizados por la Policía Federal confirmaron que los tambores contenían acetato de etilo, sustancia incluida en el régimen de control de precursores químicos. El cargamento fue valuado en 167.608.459 pesos y, de acuerdo con la investigación, formaba parte de una operatoria comercial en la que aparecían empresas de Uruguay, Bolivia y Panamá. La mercadería tenía como destino final una compañía radicada en Santa Cruz de la Sierra.
Uno de los elementos que la Fiscalía considera relevantes surgió del análisis de los teléfonos celulares secuestrados a los acusados. Según expuso el fiscal Romero durante la audiencia, en los mensajes aparecieron conversaciones en las que se hacía referencia al eventual pago de sobornos a autoridades de control. También detectaron un diálogo en el que uno de los choferes le comunicaba a un familiar que la salida del país se concretaría por Aguas Blancas y no por Salvador Mazza, como establecía la autorización.
Las defensas habían solicitado el sobreseimiento de los dos acusados y argumentaron, entre otros puntos, que no existía dolo y que eventualmente podría tratarse de una conducta culposa. La Fiscalía rechazó esa interpretación y sostuvo que, por su experiencia como transportistas, los choferes conocían las exigencias especiales para trasladar este tipo de sustancias y que las irregularidades detectadas no podían explicarse simplemente como un error.
Finalmente, el juez Elías rechazó los pedidos de sobreseimiento y consideró que la hipótesis planteada por la Fiscalía cuenta con elementos suficientes para ser discutida en un juicio oral ante un tribunal colegiado. De esta manera, el caso por el frustrado traslado de las 35 toneladas de precursor químico quedó formalmente encaminado hacia la instancia de debate.
Dato para destacar en redes/SEO: la carga había ingresado desde Uruguay y estaba vinculada comercialmente con empresas de Uruguay, Bolivia y Panamá; los investigadores sostienen que la documentación fue adulterada para darle apariencia de legalidad al traslado.
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