La exjueza de Familia de Pilar Alejandra Claudia Velázquez fue condenada a tres años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos durante seis años tras admitir que ofreció dinero para favorecer adopciones irregulares. La sentencia fue dictada por el juez correccional de San Isidro Andrés Mateo, quien homologó un acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa de la exmagistrada.
Velázquez fue hallada culpable del delito de cohecho agravado por su condición de funcionaria pública. La mujer había sido destituida en 2017 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires luego de detectarse una serie de irregularidades en expedientes de adopción que tramitaban en su juzgado.
Según la investigación judicial, la exjueza les habría pedido a dos asistentes sociales que recorrieran barrios vulnerables de Pilar para contactar a jóvenes embarazadas dispuestas a entregar a sus bebés a cambio de dinero. De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, Velázquez utilizaba la expresión “vayan a buscar panzas” para referirse a esa tarea.
Los investigadores sostuvieron que el objetivo era facilitar la entrega de recién nacidos a matrimonios y parejas de alto poder adquisitivo mediante mecanismos irregulares y trámites de adopción acelerados. Las asistentes sociales que declararon en el expediente afirmaron que rechazaron las propuestas realizadas por la entonces magistrada.
Las sospechas sobre Velázquez comenzaron a profundizarse a partir de denuncias por anomalías en procesos de abrigo, guarda y adopción. Con el avance de la investigación se reunieron elementos suficientes para citarla a declaración indagatoria, pero la exjueza no pudo ser localizada en los domicilios que había informado a la Justicia.
Ante esa situación se emitió una orden de captura internacional y se dio intervención a Interpol. Las pesquisas permitieron determinar que había abandonado el país con destino a Europa. Finalmente fue localizada en Valencia, España, donde fue detenida en julio de 2024.
Tras permanecer encarcelada en territorio español, Velázquez fue extraditada a la Argentina en agosto de 2025. Una vez en el país, la Justicia le concedió el beneficio del arresto domiciliario mientras continuaba el proceso penal en su contra.
Con la homologación del acuerdo judicial, la exmagistrada obtuvo posteriormente la libertad condicional al computarse el tiempo que permaneció detenida en España y bajo arresto domiciliario en Argentina. Fuentes judiciales señalaron además que recibió autorización para regresar a España, una decisión que fue adoptada pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal.
El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos vinculados al sistema de adopciones en la provincia de Buenos Aires y derivó en la destitución de la entonces jueza, acusada de intentar beneficiar a familias adineradas mediante prácticas que vulneraban los procedimientos legales establecidos.
Comentarios