Un suboficial de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe fue condenado a 8 años de prisión y 11 años de inhabilitación absoluta por su participación en un allanamiento ilegal realizado en Rosario, en el que se cometieron graves delitos contra las víctimas. La sentencia se dictó en el marco del primer juicio de cesura aplicado bajo el Código Procesal Penal Federal (CPPF), vigente en el distrito desde mayo de 2024.
El condenado, Guillermo David Toledo, fue identificado como el líder de un grupo de efectivos policiales que, el 13 de agosto de 2024, irrumpió ilegalmente en una vivienda, donde privaron de la libertad a los ocupantes, ejercieron tormentos físicos para obtener información sobre un proveedor de estupefacientes y sustrajeron dinero en efectivo —tanto pesos como dólares— y cocaína, que luego fue comercializada de manera clandestina.
En la causa ya habían sido condenados otros seis policías mediante juicios abreviados, con penas de hasta siete años de prisión. La investigación estuvo a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, dependiente del Ministerio Público Fiscal, bajo la conducción del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, junto a los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa.
Durante el proceso, la Fiscalía acusó a Toledo como coautor de delitos como privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, falsificación ideológica de documento público y sustracción de bienes, además de comercio de estupefacientes agravado, vejaciones y apremios ilegales. Todo ello en concurso ideal y agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad.
La investigación permitió establecer que el suboficial desempeñaba un rol central dentro del grupo y que sostenía prácticas habituales de abuso de poder y violencia institucional.
Toledo reconoció su responsabilidad en los hechos en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, aunque hubo diferencias entre la Fiscalía —que solicitó 8 años de prisión— y la defensa —que pidió una pena menor—. Esa diferencia derivó en la realización de un juicio de cesura para definir el monto de la condena.
El 17 de abril, el juez de garantías Carlos Vera Barros había homologado parcialmente el acuerdo y establecido la culpabilidad del imputado. Posteriormente, el Tribunal de Juicio integrado por los jueces Otmar Paulucci, Elena Dilario y Germán Sutter Schneider llevó adelante la audiencia de cesura.
Tras los alegatos, el tribunal resolvió por unanimidad imponer la pena de 8 años de prisión, junto con 11 años de inhabilitación absoluta, multa, costas procesales y la continuidad de la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.
En su resolución, los magistrados advirtieron sobre “la intensidad del abuso institucional”, en un caso que expone graves irregularidades dentro de las fuerzas de seguridad y marca un precedente en la aplicación del nuevo sistema penal federal en Rosario
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