Este miércoles la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento de Guillermo Gallo, un ex jefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe de la Policía Federal que se sospecha que cobró coimas de Juan Ignacio Suris, condenado por asociación ilícita y narcotráfico, para otorgarle beneficios en su situación como detenido. El fallo también ratificó el trámite judicial contra una mujer que se presentaba como socia de Suris, está de llevar las coimas al edificio policial.
Suris recibía visitas en el casino de oficiales de la PFA en la capital provincial y acercaba dinero a los jefes de la Federal. Con esos “aportes”, los policías compraban la carne para hacer asados, gaseosas y bebidas alcohólicas que se consumían en la dependencia. El empresario narco estaba allí después de que el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dejara firme una condena a 6 años de prisión por comercio de estupefacientes agravado que le había dictado el 3 de noviembre de 2023. También tenía una condena a 5 años de prisión por asociación ilícita. Y al unificar ambas, se terminó acordando una pena de 8 años de prisión.
La causa por presuntos sobornos a policías federales en Santa Fe se inició en enero de 2024 luego de que una denuncia anónima se presente al Ministerio Público Fiscal. La voz anónima sugería que Suris circulaba con libertad por la dependencia policial y que recibía visitas cuando quería, que usaba celulares y que se pasaba el día en el “casino de oficiales”. En una de las entregas de dinero, se mencionaba que una mujer había llevado un millón de pesos para los agentes.
El fiscal que llevó adelante la investigación fue el titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, Walter Rodríguez, junto a los fiscales coadyuvantes Diego Orzuza Kock y Milagros Traverso, que impulsaron el proceso y motorizaron las medidas de prueba. El comisario Gallo se encuentra procesado como coautor de los delitos de cohecho pasivo y peculado y autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Y se le trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir 8 millones de pesos.
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