En una resolución dictada el 30 de abril, la jueza Luciana Vallarella volvió a adoptar decisiones de alto impacto en una causa de extrema gravedad, que se suma a una serie de antecedentes recientes en materia de microtráfico y criminalidad organizada en la ciudad de Rosario.
La investigación en cuestión versa sobre un secuestro extorsivo con persona desaparecida, episodios de violencia directa contra víctimas y una estructura de comercialización de estupefacientes en modalidad de microtráfico, todo ello con actuación coordinada de múltiples personas, vínculos territoriales claros y utilización incluso de una menor de edad.
De este modo, la fiscalía atribuyó a Ana Laura Salinas, María Belén Salinas (“La Pelada”), Gastón D’Agostino, Ludmila Leiva y Kevin Torres Cabrera haber intervenido en la privación de la libertad de Alicia Godoy, quien permanece desaparecida, en el marco de una maniobra extorsiva vinculada a deudas por estupefacientes. La víctima habría sido retenida en domicilios de la zona de Flammarion al 4900, mientras se exigían pagos a su familia bajo amenazas, incluyendo la utilización de una menor para efectuar dichas exigencias.
A su vez, se imputaron hechos de violencia física y amenazas graves contra familiares de la víctima, con utilización de armas y agresiones directas, y un tercer hecho vinculado a la comercialización organizada de estupefacientes, acreditado mediante análisis de teléfonos, comunicaciones, tareas de campo y reiteradas incidencias en la zona.
Se trata, en definitiva, de una investigación con múltiples fuentes probatorias: intervenciones telefónicas, evidencia digital, testimonios, secuencias de pagos, secuestros, rastros materiales —incluyendo indicios biológicos— y reconstrucción territorial del accionar de la organización.
Sin embargo, en esta audiencia la jueza Vallarella adoptó nuevamente decisiones que impactan de manera directa en la estructura del caso. Rechazó la imputación por secuestro extorsivo agravado, recalificando el hecho como una simple extorsión. Denegó la imputación respecto de Kevin Torres Cabrera y Ludmila Leiva, disponiendo su inmediata libertad. A la vez que dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva para uno de los imputados que participó en hechos de violencia con armas.
Estas decisiones se producen en un contexto en el que la víctima permanece desaparecida, sin prueba de vida, y donde la hipótesis fiscal describe un accionar coordinado, con división de roles y continuidad del delito.
Este nuevo caso no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de resoluciones recientes de la misma magistrada.
En barrio Tío Rolo fueron detenidos Melina Falcón, Isaias Capiaqui, Agustín Scharfspitz y Mario Dalale en un punto de venta con secuestro de gran cantidad de droga, dinero y elementos de fraccionamiento. En esa audiencia, la jueza Vallarella rechazó la imputación respecto de Capiaqui y Scharfspitz —quienes residían en el domicilio donde se encontraba la droga— y dispuso la libertad de Dalale, observado vendiendo en la vía pública y quien poseía aprehensiones previas con material estupefaciente. La única persona que quedó detenida fue Falcón. En ese marco, no deja de llamar la atención que, dentro de una estructura con roles diversos y evidencia común, la respuesta cautelar haya recaído exclusivamente sobre una de las personas involucradas.
En barrio Tablada se secuestraron aproximadamente 2,2 kg de cocaína, millones de pesos, dólares y balanzas. En esta causa, la jueza volvió a rechazar la imputación respecto de Nazarena Núñez, disponiendo su libertad, pese a haber sido hallada en el lugar junto al material estupefaciente.
A ello se suma el antecedente de Silvina Dantur —ex pareja de Ariel “Guille” Cantero— imputada como organizadora de una red de comercialización en barrio PlataCuestionan a una jueza por sus fallos en favor de delincuentes. En ese caso, pese a tratarse de una investigación con meses de desarrollo y escuchas telefónicas, la jueza consideró que la evidencia era insuficiente y dispuso una modalidad de detención domiciliaria, aun cuando la operatoria se desarrollaba desde su propio domicilio.
Los efectos de este tipo de decisiones no son meramente teóricos. En los últimos días, el sobrino de Silvina Dantur —quien reside en el mismo domicilio donde cumple la prisión domiciliaria— fue aprehendido en un hecho grave con un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm, tras un episodio en el que se denunció la irrupción violenta en una vivienda, amenazas con arma y exigencias de dinero en dólares. Este dato concreto permite dimensionar el impacto territorial de determinadas resoluciones.
El denominador común en todos estos casos es claro: investigaciones con evidencia relevante —secuestros de droga en cantidad, dinero, comunicaciones, organización— que derivan en rechazos de imputación, recalificaciones que disminuyen la gravedad de los hechos o liberaciones de personas directamente vinculadas.
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