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Judiciales

Fentanilo mortal: declaró el último imputado y evalúan agravar cargos

El juez Kreplak analiza ampliar procesamientos en una causa que investiga más de 110 muertes por droga contaminada.

La causa por el denominado “fentanilo mortal” sumó un nuevo capítulo el 30 de abril de 2026, cuando declaró el último de los imputados ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien ahora evalúa ampliar los procesamientos de los 13 sospechosos involucrados en el expediente.

La investigación judicial apunta a determinar responsabilidades por la muerte de al menos 114 pacientes que habrían sido tratados con fentanilo contaminado, un potente anestésico utilizado en el sistema de salud, sumado a 49 víctimas que fueron dadas de alta y quedaron con secuelas, dos de ellas graves. El caso es considerado uno de los mayores desastres sanitarios en la historia reciente del país.

El principal acusado es el empresario Ariel García Furfaro, vinculado a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, desde donde habrían salido las partidas adulteradas. Durante su indagatoria —que se extendió por varias horas— insistió en su inocencia y sostuvo que la contaminación no pudo haber ocurrido sin una intervención externa, deslizando la hipótesis de un posible sabotaje.

Con la declaración del último imputado, se completa una ronda clave de indagatorias iniciada en abril, en la que fueron citadas 14 personas. La Justicia reunió en este período nuevas pruebas, entre ellas peritajes médicos y análisis de historias clínicas, que podrían complicar la situación procesal de los acusados.

En este contexto, el juez Kreplak evalúa agravar las imputaciones y ampliar los procesamientos sobre 13 de los sospechosos, en función del avance de la evidencia. La causa ya se encamina hacia una posible elevación a juicio oral, con penas que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión.

El expediente investiga una presunta cadena de responsabilidades que incluye producción, distribución y control del medicamento, en un entramado que involucra a laboratorios, droguerías y actores del sistema sanitario.

Mientras tanto, familiares de las víctimas continúan reclamando justicia, en un caso que sigue generando fuerte impacto social y político por la magnitud de las muertes y las fallas detectadas en los controles.

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