El conflicto en torno a las inversiones impulsadas por el escritor Hernán Casciari a través de Orsai Producciones sumó repercusión pública después de que Nataly Rodríguez, una influencer que publica contenido para alertar sobre presuntas estafas, difundiera los reclamos de inversores que aseguran no haber recuperado su dinero. La mujer habló en el programa Todo Pasa, de Boing 97.3, y cuestionó la falta de información sobre el destino de los fondos y los resultados económicos de distintos proyectos audiovisuales.
Su intervención comenzó después de recibir testimonios de personas que le acercaron información sobre el caso. Según contó, alrededor de 40 damnificados se comunicaron con ella y realizaron una denuncia penal contra Orsai Producciones. “No soy damnificada, no puse plata, hago contenido en redes alertando sobre estafas y a mí me llegó la información sobre damnificados que se comunicaron conmigo y realizaron la denuncia penal a Orsai Producciones”, explicó al aire.
Uno de los principales puntos que Rodríguez puso sobre la mesa es la falta de rendiciones de cuentas detalladas sobre los proyectos financiados por aportes de particulares. Según su versión, los inversores necesitan conocer cuánto dinero ingresó, cómo se utilizó y cuál fue el resultado económico de cada iniciativa. “Uno puede entender que un proyecto sale mal, pero si tomás capitales de terceros, tenés que rendir cuentas”, sostuvo.
Rodríguez aseguró que fueron cinco los proyectos que terminaron en déficit y cuestionó que, frente a los reclamos, la documentación presentada no alcanzara para despejar las dudas. Según contó, Casciari prometió compartir comprobantes de las iniciativas que tuvieron resultados negativos, pero ella considera que la información difundida se limitó a uno de los proyectos.
También señaló que algunos inversores habrían adquirido bonos sin recibir previamente los términos y condiciones del contrato. Según su relato, esa documentación estaba disponible en el sitio web de Orsai y posteriormente dejó de estar publicada, algo que calificó como llamativo. La entrevistada insistió en que el reclamo central no pasa solamente por el resultado económico de las producciones, sino por la posibilidad de verificar qué ocurrió con los fondos aportados. “En esta cuestión de Casciari, lo que no se entiende es por qué no presentan rendición de gastos, cuándo se gastó por proyecto, cuánto se juntó por proyecto y cómo se pagó. Si se juntaron seis millones de dólares, ¿cómo no hay un balance?”, planteó.
La película de Casciari y el antecedente de La Uruguaya
Otro de los ejes de la entrevista fue la forma en que, según Rodríguez, se presentaron las oportunidades de inversión. La influencer afirmó que las propuestas se promocionaban a partir de experiencias anteriores que se mostraban como casos de éxito y de la expectativa de obtener ganancias. Como ejemplo, mencionó el proyecto cinematográfico vinculado a Diego Peretti y cuestionó que los aportantes no contaran con información suficiente para evaluar los resultados financieros. Según sostuvo, la presencia de figuras conocidas y la difusión de las propuestas en medios de comunicación podían generar confianza entre quienes decidían invertir.
Rodríguez también se refirió a La Uruguaya. De acuerdo con su relato, cuando se vendieron los derechos a Disney, se devolvieron unos 600.000 dólares a los inversores. Además, cuestionó el argumento de que el dinero de otro proyecto, Canelones, se hubiera utilizado para financiar la difusión de la película.
El próximo escándalo
Uno de los proyectos de Orsai es documental sobre Diego Maradona que ya reunió aportes de alrededor de 1.000 socios productores. Rodríguez planteó interrogantes sobre el futuro de esa producción y la posibilidad de utilizar la marca Maradona, además de cuestionar que el documental todavía no se hubiera estrenado, pese a que originalmente se esperaba para fines del año anterior.
En ese marco, consideró llamativo el silencio de algunas figuras vinculadas a los proyectos y a su difusión. Sus comentarios sobre la participación y las responsabilidades de terceros forman parte de sus cuestionamientos y no implican una determinación judicial sobre la conducta de esas personas.
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