En las últimas horas se conoció la denuncia penal que presentó la Cámara Nacional de Tabaco contra el empresario Pablo Otero, a quien el propio presidente Javier Milei bautizó como el “Señor del Tabaco”. El documento acusa al industrial tabacalero de haber pagado una coima de 4 millones de dólares a legisladores nacionales para que eliminen el capítulo fiscal de la Ley Bases, lo que hubiese puesto en igualdad de condiciones a todas las firmas del sector a nivel nacional: lo que se quitó, permitía pagar en impuestos a Nación el 73 por ciento del precio del atado de cigarrillo en el mercado, y no una suma fija, que resulta onerosa para las empresas más chicas del rubro.
La denuncia se basa en un correo electrónico que recibieron las pymes del sector tabacalero, con detalles sobre una presunta maniobra para beneficiar a Otero. El dinero aportado, según la sospecha, sería para repartir entre varios legisladores nacionales.
El dato que despertó suspicacias es que el Congreso ya había consensuado con los actores del tabaco la eliminación del polémico impuesto mínimo, para que se pueda tributar el 73 por ciento del valor del atado de cigarrillos en el mercado. Pero sin previo aviso, se sacó del proyecto el capítulo de la Ley que beneficiaría al propio Estado para volver a cargar con unn impuesto mínimo, que impide a las empresas más chicas trabajar, salvo que puedan obtener un recurso de amparo judicial: en los últimos tiempos, mientras la rosarina Bronway sigue cerrada por no lograr esa resolución judicial, la firma Sarandí (propiedad del sospechado Otero) sí puede trabajar normalmente, con el citado amparo.
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