El Gobierno de Santa Fe, a través de funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este miércoles el derribo de un búnker de venta de estupefacientes en Carcarañá. El inmueble estaba ubicado en Bermejo 1643 y, según la investigación, funcionaba como punto de venta y acopio de drogas.
Se trata del primer derribo de este tipo realizado en Carcarañá, el número 17 en el departamento San Lorenzo y el 138 en toda la provincia desde la aplicación de la Ley de Microtráfico, promulgada a fines de 2023, durante el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Las intervenciones comenzaron a desarrollarse a principios de 2024 mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia provincial, la Policía, fuerzas federales y los gobiernos locales.
El fiscal César Cabrera explicó que la investigación comenzó a partir de un relevamiento realizado junto al intendente de Carcarañá, Miguel Ángel Vázquez, sobre los puntos considerados conflictivos dentro de la ciudad.
A partir de ese trabajo, se solicitaron informes a la Policía para confirmar la existencia de lugares destinados a la venta de drogas. El inmueble de Bermejo 1643 ya era conocido por los vecinos y había sido identificado desde el comienzo de la investigación.
Luego se llevaron adelante allanamientos simultáneos en distintos sectores de Carcarañá. En el inmueble se secuestró cocaína fraccionada y se comprobó que también era utilizado para el acopio de estupefacientes.
Según Cabrera, se cumplieron todos los requisitos necesarios para disponer la inactivación del inmueble. Además, señaló que ya se habían realizado procedimientos anteriores y detenido a personas vinculadas a la actividad, aunque posteriormente la venta de drogas volvía a funcionar con nuevos actores.
El fiscal también recordó que, si bien este es el primer derribo de un búnker en Carcarañá, previamente se había dispuesto otra medida para recuperar el predio conocido como Cremería en favor de su titular.
El secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira, destacó la importancia del procedimiento y remarcó que este tipo de lugares no solo funcionan como puntos de venta de drogas, sino que también generan situaciones de violencia en los barrios.
“No se trata únicamente de un punto de venta, sino también de lugares que generan violencia. Aquí hubo balaceras; en otros puntos de Rosario hubo muertes y homicidios. Son situaciones que deterioran la vida de un barrio y alteran la normalidad de la gente”, sostuvo.
Pereira también advirtió que el fenómeno del narcotráfico y el microtráfico cambia constantemente y defendió la continuidad de este tipo de operativos.
“El narcotráfico y el microtráfico son un flagelo que avanza y evoluciona. Con estas medidas concretas buscamos estar un paso adelante”, afirmó.
La situación del barrio
Por su parte, el intendente Miguel Ángel Vázquez describió el sector donde se encontraba el inmueble como “una zona muy complicada”, afectada durante años por usurpaciones y por la presencia de grupos vinculados al narcotráfico.
El jefe municipal destacó además el impacto de la medida para los vecinos: “Es un barrio de gente trabajadora que padeció estas situaciones durante mucho tiempo. Para nosotros, esta intervención es muy importante”.
Con este procedimiento, Santa Fe alcanzó los 138 derribos de inmuebles vinculados al microtráfico desde la implementación de la Ley de Microtráfico, mientras que el departamento San Lorenzo suma 17 intervenciones de este tipo.
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