El Ministerio de Seguridad de la Nación informó la detención del abogado Iván Carlos Méndez, señalado como integrante de una asociación ilícita destinada a sostener el patrimonio ilegal y las operaciones de importantes figuras del narcotráfico. El procedimiento fue coordinado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en el marco de una investigación judicial que apunta a desarticular vínculos criminales desde los penales de alta seguridad.
De acuerdo con la pesquisa, el caso se originó a partir de tareas de inteligencia penitenciaria desplegadas por el SPF y avanzó bajo la órbita de los fiscales de la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario, junto al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
Méndez, que ya había cumplido condenas por delitos vinculados al narcotráfico, aprovechó su rol como abogado defensor para violar las restricciones del Sistema de Alto Riesgo. Según los investigadores, retransmitía mensajes de reclusos a sus allegados, colaboraba en maniobras de triangulación y cobro de dinero, e intervenía en la reintroducción de capitales ilícitos en el circuito legal.
Entre los internos con quienes mantenía contacto se encuentran nombres de peso en el mapa criminal argentino y regional: Mario Roberto Segovia, Evelio Horacio Ramallo, Martín Eduardo Lanatta, César Morán de la Cruz, Julio Andrés Rodríguez Granthon, Francisco Rodríguez Villarreal, Uriel Luciano Cantero, Cristian Nicolás Avalle, Ariel Cantero, Jorge Adalid Granier Ruiz, Leandro Vinardi, Delfín Zacarías, José Uriburu, Francisco Ezequiel Riquelme y Pablo Nicolás Camino. Todos ellos se encuentran incorporados al Sistema de Alto Riesgo.
De esa manera, bajo la cobertura de su ejercicio profesional, Méndez actuaba como nexo directo entre los jefes criminales detenidos y sus estructuras operativas en el exterior, lo que —según la acusación— fortalecía la actividad delictiva desde el interior de las cárceles federales.

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