La Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el acuerdo de renegociación de pago con los holdouts, tras aprobar el proyecto impulsado por el Gobierno nacional con 139 votos afirmativos y 97 negativos. La iniciativa ya contaba con media sanción del Senado y debía ser ratificada antes del 30 de junio, fecha límite establecida en el entendimiento alcanzado entre el Estado argentino y los acreedores en la Justicia estadounidense.
La norma autoriza al Gobierno de Javier Milei a ejecutar un plan de pago por USD 171 millones destinado a dos fondos que mantienen reclamos por títulos de deuda en default desde la crisis de 2001. El acuerdo contempla una reducción cercana al 30% de las sumas reclamadas y busca poner fin a los últimos litigios activos vinculados a la cesación de pagos declarada hace casi un cuarto de siglo.
Según lo establecido, el Estado argentino abonará USD 67 millones a la firma Bainbridge Ltd. y USD 104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
La aprobación parlamentaria permitirá además dejar sin efecto medidas de ejecución y embargos que pesaban en tribunales de Estados Unidos sobre activos soberanos argentinos, incluyendo acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.
Para alcanzar la sanción definitiva, el oficialismo reunió el acompañamiento de distintos bloques aliados. Votaron a favor La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, gran parte de Provincias Unidas, Innovación Federal, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz e Independencia.
En contra se pronunciaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota, además de Elijo Catamarca.
La sesión estuvo atravesada por intensos cuestionamientos entre oficialismo y oposición. Uno de los encargados de defender la iniciativa fue el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, quien remarcó la importancia de cerrar definitivamente el conflicto judicial.
“Argentina tiene la oportunidad de cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años”, sostuvo.
El legislador explicó además los motivos por los que consideró urgente aprobar el acuerdo. “Primero, se negoció una condición de quita de un 30% de este remanente; segundo, se nos exime de pagar honorarios legales; y tercero, los acreedores se comprometen a no hacer nuevas acciones legales”, afirmó.
Por su parte, la diputada oficialista Silvana Giudici defendió el entendimiento alcanzado por el Gobierno y apuntó contra las administraciones kirchneristas. “Los gobiernos kirchneristas no reconocen su culpa en este escándalo de la deuda impaga”, cuestionó.
Luego agregó: “Es una sentencia dictada por los Estados, de esas que no les gusta cumplir” y lanzó una crítica política: “Como la de Cristina Kirchner, que andan pidiendo que la liberen”.
Giudici también destacó que el acuerdo permitirá resolver conflictos vinculados a la petrolera estatal. “Nos van a devolver acciones de clase A, B y D de YPF. Estas acciones que tienen estos buitres van a permitir que YPF termine estando libre de cualquier otro conflicto”, explicó.
Las críticas de la oposición
Desde Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez rechazó el proyecto. “Hay que dejar de hablar en nombre de los fondos buitres”, expresó durante el debate.
En la misma línea, la diputada Vanesa Siley defendió la gestión de deuda durante los gobiernos kirchneristas. “En el gobierno de Néstor Kirchner sucedió algo que nunca había pasado en la historia: se redujo la deuda y se la pagó”, aseguró.
Otra de las voces críticas fue la de la legisladora María Graciela De la Rosa, quien cuestionó la falta de información sobre la operación financiera. “No sabemos qué estamos pagando y son US$171 millones en efectivo para fondos buitres”, sostuvo.
Además, argumentó que su bloque no acompañaría la iniciativa porque el Gobierno no presentó detalles suficientes para verificar la quita anunciada. “No hay información que permita evaluar esa quita en función del precio de adquisición de los títulos, la rentabilidad efectiva y la igualdad de trato con los otros acreedores”, afirmó.
También el diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, rechazó el proyecto por cuestiones presupuestarias. “Carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley de Administración Financiera”, advirtió.
Durante la misma sesión, Diputados dio luz verde a una serie de convenios internacionales con amplio respaldo.
Se aprobó con 225 votos a favor y 4 en contra un acuerdo con Francia para evitar la doble imposición tributaria. Además, fue sancionado por unanimidad un convenio destinado a prevenir y combatir la pesca ilegal, con 228 votos positivos.
La Cámara también ratificó un acuerdo de seguridad social con Suiza, que obtuvo 230 votos afirmativos, y un convenio con San Marino, respaldado por 231 legisladores, consolidando así una jornada de fuerte actividad parlamentaria marcada por la aprobación del acuerdo con los holdouts y el debate sobre las próximas iniciativas económicas del Gobierno.
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