
La Cámara de Diputados inició este miércoles a las 12.26 una nueva sesión ordinaria con la presencia de 129 legisladores sentados en sus bancas, en una jornada que se anticipa extensa y cargada de tensión política. Se trata de la cuarta sesión del período ordinario y, en esta oportunidad, el oficialismo busca correrse del eje puesto en la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para avanzar con una agenda legislativa propia que incluye proyectos clave para el Gobierno.
Entre los temas centrales del debate aparecen el llamado Súper RIGI, un nuevo régimen de incentivo para grandes inversiones, y el acuerdo con holdouts, que el oficialismo necesita aprobar antes del 30 de junio. También forman parte del temario cuatro tratados internacionales, además de cuestiones reglamentarias, homenajes y pedidos de apartamiento vinculados al escenario político abierto por la situación de Adorni.
El quórum se alcanzó con relativa tranquilidad, aunque sobre el límite de la media hora reglamentaria establecida por el presidente de la Cámara, Martín Menem. Contribuyeron al número necesario los diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, el santacruceño José Luis Garrido, Karina Banfi, el bloque Independencia, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, Elijo Catamarca y cinco legisladores de Innovación Federal.
La sesión podría extenderse entre 10 y 12 horas, según estimaciones parlamentarias. En ese marco, también se dispuso aceptar la renuncia del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, y formalizar la asunción de su reemplazante, Martín Matzkin.
Antes de entrar de lleno en los proyectos más pesados de la jornada, Diputados abordará una serie de acuerdos internacionales. Entre ellos figuran un convenio para evitar la doble imposición con Francia, un acuerdo sobre pesca ilegal celebrado en Roma en 2009, un convenio de seguridad social con Suiza y otro con San Marino.
Luego llegará uno de los puntos más sensibles para el oficialismo: los acuerdos de conciliación celebrados entre la Argentina y Branbridge Ltd, y con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund. El tema tiene un plazo perentorio, ya que su aprobación debe quedar formalizada antes de fin de mes, luego de haber sufrido ya dos suspensiones.
La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde el 5 de junio y autoriza el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos que quedaron fuera del acuerdo firmado en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, con la mayoría de los fondos buitre. Se trata de bonistas que iniciaron sus demandas en 2001 y nunca ingresaron a ese proceso de regularización.
Sin embargo, el plato fuerte de la sesión será el tratamiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, más conocido como Súper RIGI. La propuesta busca atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en la Argentina, mediante beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, además de garantías de estabilidad a largo plazo.
Entre los beneficios previstos por el proyecto se encuentran rebajas en el impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y la quita de impuestos locales, entre otros incentivos.
Durante la discusión en comisiones, el oficialismo introdujo modificaciones para conseguir adhesiones y ampliar el respaldo parlamentario. Entre esos cambios se incorporó como uno de los objetivos prioritarios del régimen el desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de nuevas industrias en el país.
También se dejó en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación sobre qué actividades podrán ser consideradas “nuevas actividades económicas”, a partir de criterios objetivos y parámetros mensurables que serán definidos posteriormente. El plazo para adherirse al régimen será de cinco años desde la entrada en vigencia de la reglamentación, con posibilidad de una prórroga única de hasta un año mediante decreto fundado.
Más allá del temario formal, la sesión no estará exenta de tensión política. Se prevén 15 cuestiones de privilegio y cinco homenajes, además de pedidos de apartamiento de reglamento impulsados por sectores de la oposición para retomar el debate en torno a Manuel Adorni. En ese marco, se espera un nuevo cruce por la interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete, que volverá a colarse en el recinto aunque el oficialismo intente correrse del tema.
Con el foco puesto en destrabar iniciativas económicas y cumplir con plazos clave, el Gobierno enfrenta una jornada legislativa decisiva en Diputados, donde buscará mostrar capacidad de gestión y sostener el control de una agenda parlamentaria que sigue atravesada por la tensión política.
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