El Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó este miércoles el embargo preventivo del departamento de San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario. La medida fue adoptada en el marco de la ejecución patrimonial de la causa Vialidad y busca preservar el inmueble ante un eventual decomiso. Por ahora, la resolución no implica una expropiación ni obliga a la expresidenta a abandonar la vivienda.
La decisión fue firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes hicieron lugar a una serie de medidas cautelares destinadas a evitar que los bienes alcanzados por la ejecución patrimonial puedan ser transferidos, gravados o sustraídos de la jurisdicción. El pedido había sido impulsado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en el marco del proceso destinado a hacer efectivo el decomiso dispuesto como consecuencia de la condena.
El departamento de San José 1111 quedó particularmente expuesto porque ya había sido incluido por la Fiscalía entre los bienes cuyo decomiso se pretende. Luciani había solicitado en mayo que el inmueble fuera incorporado a esta nueva etapa de recuperación de activos, con el objetivo de contribuir al pago del perjuicio económico establecido en la causa Vialidad, calculado en unos $685.000 millones. Pese a estar condenada, en las últimas semanas varios sectores del peronismo instalaron la idea de que la ex presidenta pueda ser indultada. En este marco, CFK recurrió con un nuevo equipo de abogados a las Naciones Unidas, con una presentación para que le permita volver a ser candidata.
La resolución de este miércoles alcanza además a otros bienes vinculados a Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y otros condenados en la causa. Entre ellos aparecen propiedades en Puerto Madero, inmuebles vinculados a las sociedades Hotesur y Los Sauces y activos relacionados con el patrimonio de los condenados. El objetivo de los jueces es asegurar que esos bienes permanezcan disponibles para una eventual ejecución, mientras continúa el proceso judicial sobre su decomiso definitivo.
El caso tiene una particularidad adicional: Cristina Kirchner vive actualmente en el inmueble que acaba de ser embargado. El TOF 2 había autorizado ese departamento como lugar de cumplimiento de la prisión domiciliaria en junio de 2025, cuando dispuso que la expresidenta cumpliera allí la condena de seis años impuesta por administración fraudulenta.
La medida conocida hoy representa, de esta manera, un nuevo paso en la ejecución patrimonial de la condena de Vialidad, pero no el último. El embargo funciona como una protección cautelar del bien: la eventual pérdida de la propiedad y su posterior remate dependerán de las decisiones que se adopten sobre el decomiso. Por eso, aunque el inmueble donde Cristina Kirchner cumple su arresto domiciliario quedó formalmente alcanzado por la Justicia, su situación habitacional no cambia por la resolución de este miércoles.
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