La Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos presentados por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez y confirmó que los nueve condenados en la causa Vialidad deberán devolver al Estado $684.990.350.139,86, monto actualizado del decomiso dispuesto por la Justicia por el perjuicio ocasionado a la administración pública.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron los planteos por considerarlos inadmisibles y ratificaron la actualización del monto, que originalmente había sido fijado en unos $84.835 millones al momento de la sentencia dictada en diciembre de 2022.
La cifra fue recalculada por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec entre noviembre de 2022 y mayo de 2025, tal como había ordenado el Tribunal Oral Federal N.º 2 una vez que la condena quedó firme.
La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, había cuestionado el criterio utilizado para actualizar el decomiso y sostenido que el monto fijado en la sentencia era provisorio. Por su parte, la defensa de Báez también objetó la competencia del tribunal encargado de ejecutar la medida. Ambos planteos fueron rechazados por el máximo tribunal.
La condena por la causa Vialidad fue dictada el 6 de diciembre de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal N.º 2 encontró responsables a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros cinco exfuncionarios por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en relación con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz. La sentencia quedó firme en junio de 2025 tras la decisión de la Corte Suprema.
Con este nuevo fallo, la Justicia ratificó que todos los condenados deberán responder de manera solidaria por el pago del decomiso. En el marco de la ejecución patrimonial, el Tribunal Oral Federal N.º 2 ya avanza con la tasación de parte de los bienes alcanzados por la medida para garantizar el recupero de los fondos establecidos en la sentencia.
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