El Fondo Monetario Internacional (FMI) inició en los últimos días la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina por US$20.000 millones, en el marco de una misión técnica que ya se encuentra en Buenos Aires. La evaluación del programa económico impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, será determinante para destrabar un nuevo desembolso de US$1000 millones, previsto en el cronograma del entendimiento alcanzado en abril.
La misión está encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi y contempla una serie de reuniones con los equipos técnicos del Ministerio de Economía y del Banco Central. El objetivo central es analizar el desempeño del programa hasta fines de 2025, con foco en las principales variables comprometidas: el frente fiscal, la política monetaria, el esquema cambiario y la acumulación de reservas.
Según trascendió, los técnicos del Fondo mantendrán encuentros con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y con el propio Caputo. En estas instancias, el organismo realiza una auditoría integral que funciona como una suerte de examen sobre el cumplimiento de las metas acordadas.
En el plano fiscal, el Gobierno logró superar el objetivo pactado. El superávit primario alcanzó el 1,4% del Producto Bruto Interno, por encima de la meta del 1,3%, aunque el equipo económico había anticipado la posibilidad de llegar al 1,6%. Distinta es la situación en materia de reservas internacionales, donde el compromiso no será cumplido en su totalidad y obligará a la Argentina a solicitar un waiver, es decir, un perdón formal por el desvío.
Pese a este incumplimiento parcial, en el mercado y entre los analistas se descuenta que la revisión concluirá de manera favorable. “Creo que peleará la misión respecto de las reservas, quizás sobre el índice de precios y sobre las bandas de flotación del dólar, pero no veo peligro en que no se complete la revisión”, evaluó el exdirector del FMI Claudio Loser, al analizar el escenario.
El debate por las reservas no es nuevo. Desde hace meses, el Fondo viene advirtiendo sobre la necesidad de reforzar la acumulación de dólares. En ese sentido, el Banco Central modificó su estrategia y desde comienzos de este año sumó más de US$1400 millones, una cifra que equivale a más del 10% de la meta de US$10.000 millones anunciada junto con la actualización del esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación. La flexibilidad cambiaria será otro de los puntos bajo análisis, ya que el FMI suele alentar mecanismos que faciliten el fortalecimiento de las reservas.
A la discusión técnica se suma un factor político y metodológico que genera tensión adicional. La reciente renuncia de Marco Lavagna expuso diferencias internas en torno a la implementación del nuevo mecanismo para medir la inflación, un compromiso que quedó postergado. En la primera revisión del acuerdo, cerrada en agosto pasado, el Gobierno se comprometió ante el FMI a publicar hacia fines de 2025 un Índice de Precios al Consumidor actualizado, basado en la encuesta de gastos de los hogares de 2017-2018, con el objetivo de reflejar cambios estructurales en los patrones de consumo y mejorar la calidad de los datos.
Ese listado de compromisos incluye también la presentación del Presupuesto 2026 con la regla de “déficit cero”, que fue aprobado a fines de diciembre; avances en la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista; la reducción de subsidios energéticos; la eliminación casi total de los fondos fiduciarios; y la integración de bases de datos administrativas en un registro social único, en conjunto con el Banco Mundial, para mejorar la focalización de la asistencia social.
Otro punto sensible es la promesa de publicar un informe sobre las empresas estatales alcanzadas por la Ley Bases, con una hoja de ruta para su privatización. De acuerdo con fuentes oficiales, el documento fue elaborado y enviado al Ministerio de Economía, pero todavía no se difundió públicamente.
Más allá de la revisión en curso, el calendario financiero con el FMI sigue siendo exigente. Durante 2026, la Argentina deberá afrontar vencimientos por más de US$3500 millones. En los últimos días se oficializó el primer pago del año por US$830 millones, y restan compromisos en abril, mayo, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. En ese contexto, la aprobación de la auditoría y el ingreso de nuevos fondos aparecen como una pieza clave para sostener el programa económico y la relación con el organismo.
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